El presidente López Obrador siempre quiso que la Guardia Nacional dependiera de la Secretaría de la Defensa. Esa fue su iniciativa original, pero tuvo que ser corregida porque no le alcanzaban los votos para lograr la reforma constitucional requerida.
La oposición maniobró para establecer algunos trazos civiles en las leyes respectivas y también se aprobó un transitorio que permite que la Armada permanente realice tareas de seguridad pública, pero solo hasta 2024.
En realidad, el PRI, PAN, y PRD pudieron impedir que se destruyera a la Policía Federal. No lo hicieron porque al arranque del gobierno la popularidad presidencial era muy alta y porque se encontraban extraviados políticamente luego del golpe sufrido en las urnas.
Las presiones desde ese momento eran fuertes y se encontraban ante un presidente todo poderoso al que no querían contrariar y mucho menos en el tema de la seguridad. Por regla general, los opositores suelen respaldar al Poder Ejecutivo en ese aspecto, para evitar críticas y que se asuman las responsabilidades debidas.
Pero la Guardia Nacional desde el inicio fue una trampa para todos: para los soldados que no quieren ser policías, para senadores y legisladores que se creyeron su propia fantasía sobre el carácter civil de la nueva corporación, para los millones de votantes por Morena que lo hicieron convencidos de que habría un viraje en la política de seguridad, para la ciudadanía y para el Estado mismo.
En la actualidad el el enredo es mayor, porque el grueso de los integrantes de la Guardia Nacional proviene de las fuerzas armadas y no están dispuestos a renunciar ni a su antigüedad ni a las prestaciones que tienen por ley. Tienen razón, se hicieron soldados porque ello les permitía hacer una carrera de vida.
Por eso el presidente López Obrador piensa enviar la iniciativa que adscribe a la Guardia Nacional y la convierte en una de las armas de la Secretaría de la Defensa. Lo hará en 2023, ya dentro del contexto de sucesión presidencial, para que los opositores paguen el costo de cualquier decisión que se tome.
Si bien el gobierno es militarista, también está previendo el desastre que ya está en puerta y que tarde o temprano comprometerá las finanzas públicas.
Más vale que ahora sí, los partidos que dicen que jugarán en alianza, hagan el trabajo respectivo, dotando a la Guardia Nacional de un carácter civil indudable y reiniciando la construcción de una verdadera policía.
Hay que resolver los problemas presupuestales que se pueden generar en el futuro, para que la Secretaria de la Defensa no pague el costo de errores que no son suyos.
Hay que atajar la mentira de que toda la Policía Federal era corrupta. No fue así y se puede constatar en sus resultados a lo largo de los últimos años.
Se debe reconocer el error que significó la creación de la Guardia Nacional, que tiene que trabajar bajo un esquema de simulación que además compromete a las propias fuerzas armadas.
Dice el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, que “no hay un civil que pueda mandar y controlar a la Guardia Nacional”.
Le asiste la razón porque no son policías, nunca lo fueron, ni lo serán, pero falla al no reconocer que había toda una estructura de mandos en la Policía Federal que tomó años capacitar, que eran eficientes y los destituyeron por prejuicios ideológicos y por falta de visión de Estado.
El presidente López Obrador siempre quiso que la Guardia Nacional dependiera de la Secretaría de la Defensa. Esa fue su iniciativa original, pero tuvo que ser corregida porque no le alcanzaban los votos para lograr la reforma constitucional requerida.
La oposición maniobró para establecer algunos trazos civiles en las leyes respectivas y también se aprobó un transitorio que permite que la Armada permanente realice tareas de seguridad pública, pero solo hasta 2024.
En realidad, el PRI, PAN, y PRD pudieron impedir que se destruyera a la Policía Federal. No lo hicieron porque al arranque del gobierno la popularidad presidencial era muy alta y porque se encontraban extraviados políticamente luego del golpe sufrido en las urnas.
Las presiones desde ese momento eran fuertes y se encontraban ante un presidente todo poderoso al que no querían contrariar y mucho menos en el tema de la seguridad. Por regla general, los opositores suelen respaldar al Poder Ejecutivo en ese aspecto, para evitar críticas y que se asuman las responsabilidades debidas.
Pero la Guardia Nacional desde el inicio fue una trampa para todos: para los soldados que no quieren ser policías, para senadores y legisladores que se creyeron su propia fantasía sobre el carácter civil de la nueva corporación, para los millones de votantes por Morena que lo hicieron convencidos de que habría un viraje en la política de seguridad, para la ciudadanía y para el Estado mismo.
En la actualidad el el enredo es mayor, porque el grueso de los integrantes de la Guardia Nacional proviene de las fuerzas armadas y no están dispuestos a renunciar ni a su antigüedad ni a las prestaciones que tienen por ley. Tienen razón, se hicieron soldados porque ello les permitía hacer una carrera de vida.
Por eso el presidente López Obrador piensa enviar la iniciativa que adscribe a la Guardia Nacional y la convierte en una de las armas de la Secretaría de la Defensa. Lo hará en 2023, ya dentro del contexto de sucesión presidencial, para que los opositores paguen el costo de cualquier decisión que se tome.
Si bien el gobierno es militarista, también está previendo el desastre que ya está en puerta y que tarde o temprano comprometerá las finanzas públicas.
Más vale que ahora sí, los partidos que dicen que jugarán en alianza, hagan el trabajo respectivo, dotando a la Guardia Nacional de un carácter civil indudable y reiniciando la construcción de una verdadera policía.
Hay que resolver los problemas presupuestales que se pueden generar en el futuro, para que la Secretaria de la Defensa no pague el costo de errores que no son suyos.
Hay que atajar la mentira de que toda la Policía Federal era corrupta. No fue así y se puede constatar en sus resultados a lo largo de los últimos años.
Se debe reconocer el error que significó la creación de la Guardia Nacional, que tiene que trabajar bajo un esquema de simulación que además compromete a las propias fuerzas armadas.
Dice el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, que “no hay un civil que pueda mandar y controlar a la Guardia Nacional”.
Le asiste la razón porque no son policías, nunca lo fueron, ni lo serán, pero falla al no reconocer que había toda una estructura de mandos en la Policía Federal que tomó años capacitar, que eran eficientes y los destituyeron por prejuicios ideológicos y por falta de visión de Estado.
