09 de septiembre de 2024 00:02
Como reacción contra el proyecto de reformas al Poder Judicial, los críticos permanentes del Presidente y también ahora muchos servidores públicos de ese poder, que se sienten agraviados por el cambio, se oponen al mismo, hacen paros, marchas, cuelgan carteles y reparten volantes; han usado como fundamentos de su crítica, que lo que pretenden es defender la independencia del Poder Judicial.
¿De qué se trata? Depender es lo contrario de tener independencia; en el Poder Judicial, cada tribunal, cada juzgador, en el ejercicio de sus funciones debe tener independencia y esto sin importar el régimen o sistema de designación o elección de los juzgadores. Lo mismo si los propone el Ejecutivo y los aprueba el Senado o si, como pronto será, los aprueba el voto popular a partir de listas elaboradas por tres poderes.
Juan Palomar de Miguel, en su Diccionario para juristas (México, Mayo Ediciones, 1981) define “independencia” como “libertad, autonomía y sobre todo de un Estado que no es tributario de otro”; agrega en una segunda acepción “entereza, firmeza de carácter”. Por su parte, Eduardo Pallares en su obra Diccionario de derecho procesal civil (México, Porrúa, cuarta edición, 1963) afirma “el Poder Judicial no debe estar subordinado en su constitución y funcionamiento a otro poder”.
La independencia de los jueces, magistrados y ministros, bien pensado, no es algo externo ni tiene su origen en el camino o procedimiento por el que se llega al cargo. La independencia radica en la solidez de virtudes personales, en la conciencia y en la libertad de quien dicta una sentencia o determina una suspensión.
Para dictar sus resoluciones, los jueces requieren de independencia, que significa constreñirse a determinar la litis en cada asunto, entender cuál es el motivo del litigio, saber bien cuál es el fondo de lo que se litiga, analizar y valorar las pruebas y escuchar argumentos y alegatos de las partes; con todo eso, su responsabilidad radica en resolver quién tiene razón y quién no; ejerce su libertad si lo que determina responde a lo que se alegó y acreditó en el proceso sin tomar en cuenta nada más.
No será libre el juzgador que al resolver lo hace respondiendo a indicaciones extrañas, si recibe soborno por su trabajo, si resuelve por temor o si lo hace al sentirse comprometido con quien lo ayudó a llegar al cargo o con quien lo designó.
Su libertad o independencia están fundadas en su integridad y en su honradez, cualidades internas y personales; por supuesto, es muy importante también que tenga conocimientos del derecho, de la lógica, de la ética, de los hechos y su acreditación; cuando se trata de saberes que requieren un conocimiento especial, está obligado a consultar con peritos acreditados. Para saber qué es lo que realmente sucedió, es decir, cuáles son los hechos a los que tiene que aplicar una norma jurídica, necesita escuchar a los testigos, analizar los documentos, conocer e interpretar los indicios, relacionarlos unos con otros y con integridad y buena fe, determinar por sí y ante sí, sin influencia externa alguna y atenido solamente a lo que le dictan su conciencia y su inteligencia.
Si lo hace así, será independiente y, valga la redundancia, lo será sin importar cómo llegó a su cargo; es dependiente, en cambio, quien reciba una consigna o acepte un soborno, lo mismo si llegó al cargo por elección popular que si llega mediante el procedimiento en proceso de ser derogado, esto es, propuesto por el Ejecutivo y elegido por el Senado.
Por esta razón, considero que la pretendida defensa de la independencia de los jueces no es sino un velo para ocultar las verdaderas razones de muchos que se oponen al cambio; lo que les interesa no es la independencia que proviene de su propia conciencia, sino que esté en juego con la reforma el estatus seguro que tienen como juzgadores, la posición social privilegiada, los ingresos mayores en promedio a los del resto de los servidores públicos o temen que se interrumpa un plan de vida que a veces es difícil y siempre trabajoso, pero en el fondo seguro.
Defienden su independencia, pero en el fondo, defienden sus privilegios y esto algunos lo hacen conscientemente y otros no; sin reflexionar mucho, aceptan esta posición ideológica y política sin mayor análisis.
Lo cierto es que no está en juego la independencia del Poder Judicial y lo que es verdaderamente importante consiste en saber si la nación mexicana supera un pasado que se desgastó, en buena medida se corrompió y ya es historia o si damos un paso adelante, incorporamos a la justicia en la transformación y la democratizamos, atendiendo al voto popular como en los otros poderes.
Como ha venido sucediendo, como en otros casos, con tal de manchar a un gobierno con muchos logros y a un sistema que fue refrendado por una clara mayoría de votantes, como nuevo ataque han inventado que defienden una independencia que de ninguna manera está en peligro.
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