Enclavada en la montaña de Guerrero, en la comunidad de Ayahualtempa, del pequeño municipio de José Joaquín Herrera, Guerrero, el pasado miercoles se presentó en la cancha deportiva del poblado a una veintena de niños de entre 11 y 15 años, 15 hombres y 5 mujeres, que se suman a la Policía Comunitaria. Las imágenes de niños y niñas portando rifles, con la cara embozada con paliacates y tomando diversas posturas a la orden de su entrenador, son un fiel reflejo del abandono en que se encuentran estas comunidades indígenas de origen nahua.
En su asamblea del domingo 21 de enero, el Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, el Comisariado de Bienes Comunales, la Comisaría Municipal, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores de Ayahualtempa, conocida por sus siglas como CRAC-PF, anunciaron su decisión de incorporar nuevamente a niños para engrosar las filas de la Policía Comunitaria debido al resurgimiento de la violencia.
Y es que el viernes 19 de enero pasado, los integrantes de la familia de uno de los pequeños que se integrarán a la Policía Comunitaria, fueron privados de su libertad, se trata de la señora Cecilia Gaspar Hernández, de 50 años de edad, su esposo, José Teodoro Domingo Ortiz, de 52 años, y sus dos hijos, Roberto y Gaudencio, de 30 y 22 años respectivamente. Sus familiares desaparecieron en el punto conocido como Zacatepec, a las seis o siete de la mañana, donde pastoreaban su ganado y al día de hoy es hora que no aparecen, a pesar de ser buscados por militares, guardias nacionales y policías ministeriales y estatales.
Derivado de esos hechos, ante la presencia de casi todo el pueblo, fueron presentados estos niños y niñas que se sumarán a activades de vigilancia. Luis Morales Rojas, miembro del Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl comentó que los mayores se incorporarán a la búsqueda de los cuatro miembros de la familia desaparecida, mientras los más pequeños sólo realizarán labores de vigilancia en la comunidad.
Pero el problema de la infancia incorporada como Policía Comunitaria no es nuevo en esta región, es un asunto que data de al menos 2019, sin embargo, como lo informan las autoridades comunales, en el año de 2022 los niños fueron desincorporados en el marco de una reunión con funcionarios de los gobiernos federal y estatal, en la que se comprometieron a brindar seguridad con militares, Guardia Nacional y la Policía Estatal, al tiempo que también se comprometieron a realizar obras y la entrega de programas sociales, sin embargo, ante el recrudecimiento de la violencia, la CRAC-PF no dudó en reclutar a jóvenes y niñxs de nueva cuenta.
Debido a este grave problema que pende sobre la infancia mexicana en varias regiones del país, en enero de 2020 Christian Skoog, representante de UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) en México, se pronunció contra el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en grupos armados, independientemente de qué organización sea y sin importar el fin de ésta, los derechos de la infancia deben ser respetados.
Como lo señala Skoog: “Las consecuencias del reclutamiento en grupos armados pueden ser sumamente graves para la niñez tanto física como emocionalmente, pueden perder su infancia”. Además, el Estado mexicano tiene la obligación de proteger a la infancia y adolescencia mexicana derivado “del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, aunado a que nuestro país ha adoptado la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) y forma parte del Protocolo Facultativo de dicha Convención.
El problema de esta región de Guerrero se agrava ya que el abandono del gobierno federal se da en el marco del asedio de los grupos criminales como Los Ardillos, quienes les solicitan derecho de piso. Esto, aunado a que esta zona es un paso para el tráfico de droga, hace que las y los pobladores queden expuestos y deban defenderse por propia mano, ya que como puede observarse, ni el llamado de la UNICEF ni el acuerdo con autoridades federales y locales, nada ha logrado contener la violencia en este estado de la república.
Sin duda la violencia perpetrada por la delincuencia organizada es un problema añejo, no obstante, las y los políticos de Morena que tanto han lucrado electoralmente con el tema de la violencia, en cuanto asumen el gobierno de los territorios, se desata el caos, lo mismo en Guerrero o Michoacán, que en estados que antes de Morena tenían baja presencia delincuencial, como Colima o Zacatecas, tal parece que donde gobierna Morena, los grupos criminales pueden “trabajar” a sus anchas. Es hora de ponerles un alto, pues en este caso estamos no sólo ante la violencia criminal, sino ante el robo de la infancia de niños y niñas que verán truncado su desarrollo y su futuro.
Se trata de una de las consecuencias más dolorosas que puede generar la inclemente ola de violencia que azota el país, sin que el gobierno federal decida un cambio de estrategia. Por ello, las mujeres y hombres conscientes, debemos indignarnos y dar la batalla, ya que si bien no estamos a favor de que la ciudadanía tome la armas, sí es fundamental que tome las urnas el próximo 2 de junio, para echar al mal gobierno, a ese al que no le interesan las personas desaparecidas, las mujeres asesinadas, las comunidades sometidas y tampoco la niñez que, obligada por su circunstancia, estamos viendo perder su infancia y su futuro.
CLAUDIA CASTELLO REBOLLAR
Socióloga, feminista, actual secretaria nacional de Asuntos Electorales y Politica de Alianzas del PRD
