El Ejército mexicano sí usó Pegasus para labores de espionaje, tal como demuestran archivos hackeados por Guacamaya cuya autenticidad está totalmente validada, respondió la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) a lo dicho por el gobierno de AMLO.
“Ante el grave señalamiento de que “cualquier persona ajena al instituto armado podría elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con objeto de afectar su imagen institucional”, recalcamos que la autenticidad de todos los documentos utilizados por la investigación Ejército Espía provenientes de los correos electrónicos internos de la SEDENA obtenidos por el colectivo Guacamaya se encuentra validada. Cualquier medio de comunicación u organización con acceso a dichos correos puede corroborar que los mismos no fueron alterados”.
A unas horas de que la oficina de la Presidencia dijera que los documentos provenientes del hackeo del colectivo Guacamaya no son legalmente válidos y pudieron ser fabricados, la R3D respondió que los documentos que indican que el Ejército espió a periodistas y activistas usando Pegasus están totalmente autenticados.
En comunicado de prensa colocado en su sitio web, la R3D señala que “las organizaciones detrás de la investigación Ejército Espía condenamos las descalificaciones y afirmaciones falsas sobre el espionaje militar contenidas en el comunicado “Acciones de inteligencia, orientadas a atender amenazas y riesgos a la seguridad nacional”, emitido por la Presidencia de la República el jueves 23 de marzo”.
Recuerdan que han presentado a la opinión pública evidencia contundente de que el Centro Militar de Inteligencia “es una agencia militar secreta dedicada a utilizar sistemas tecnológicos para obtener información de fuentes cerradas, es decir, mediante la intervención de comunicaciones privadas”.
Afirma que el CMI es usuario final de Pegasus, adquirido a la empresa Antsua y que con este software interceptó las comunicaciones del activista Raymundo Ramos “en las mismas fechas que un análisis forense del Citizen Lab de la Univerisidad de Toronto determinó que el teléfono de Raymundo Ramos se encontraba infectado con Pegasus”.
Agrega que “es falso que la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de la Guardia Nacional faculten a la SEDENA —en específico, al Centro Militar de Inteligencia— a llevar a cabo la recolección de inteligencia de fuentes cerradas, es decir, mediante la intervención de comunicaciones privadas de civiles”.
Desmintió al presidente Andrés Manuel López Obrador al asegurar que “la SEDENA no ha obtenido ninguna autorización judicial federal para intervenir comunicaciones privadas, como demuestra la información que la propia Secretaría ha aportado a la Plataforma Nacional de Transparencia, como sus respuestas a solicitudes de acceso a la información”.
Dijo que el Consejo de la Judicatura Federal informó que “no existen registros de autorizaciones judiciales relacionadas a técnicas de investigación en las que ninguna de las personas atacadas con Pegasus sean parte”.
Agrega que “documentos internos de la SEDENA filtrados por Guacamaya también han evidenciado que diversas organizaciones sociales, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los padres y madres de los 43 de Ayotzinapa, entre otras, han sido objetivos de la inteligencia militar”.
Señala que es lamentable que la presidencia “intente justificar el espionaje militar en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas bajo el argumento de que “no se ha detenido a ningún actor político, social, persona perteneciente a una organización de derechos humanos, activista u otra persona que no esté relacionada con las organizaciones de la delincuencia organizada”.
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