Durante el 2020 “se triplicó la utilización del aparato de poder para amedrentar o acallar voces críticas”, propiciado por las continuas agresiones y estigmatizaciones que el presidente de la República realiza contra la prensa, informó Artículo 19.
“De las agresiones contra periodistas, 49.5% fueron perpetradas por agentes del Estado (personas funcionarias públicas, fuerzas de seguridad civil y fuerzas armadas). Es decir, un incremento de 29.4% en este tipo de ataques respecto a 2019”.
En su Informe Anual 2020 titulado La Distorsión. El discurso contra la realidad, difundido este 23 de marzo, la organización Artículo 19 aborda 6 grandes temas de la agenda de la libertad de expresión y el acceso a la información en México. El capítulo II está dedicado a la situación que vive la prensa, bajo ataque continuo por parte del presidente de la República y otros funcionarios del Estado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no manda acallar periodistas de manera directa “pero los fustiga y estigmatiza” desde el poder que le da ser el jefe del Ejecutivo, lo que ha resultado en que las agresiones contra periodistas, especialmente las perpetradas por agentes del Estado, se hayan incrementado en 2020 en 29.4%.
Manifiesta que “hoy, la situación de la libertad de expresión y el derecho a la información no es mejor que ayer. El discurso oficial es un espejo que distorsiona la realidad, al mando de una narrativa de aversión al disenso”.
En este informe, dicen en la introducción, “describimos la degradación del debate público y los mecanismos de censura que se mantienen y agudizan”.
El organismo reprueba de manera total los frecuentes insultos y descalificaciones que AMLO lanza contra la prensa, al tiempo de que se queja de ser “atacado”.
“López Obrador se queja de manera recurrente de que es el presidente más “atacado” por la prensa para, después, magnánimo, decir que no va a censurar ni a perseguir a nadie”.
Dice que aun cuando en efecto existe un gran número de mensajes críticos contra el gobierno federal en los medios de comunicación, eso no es una “concesión graciosa”, sino una condición necesaria en una democracia. Y por supuesto, no “puede ser materia de reproche por parte de las altas autoridades del país”.
“Tal vez, el presidente no mande acallar periodistas de manera directa, pero los fustiga y estigmatiza, pasando por alto dos aspectos particulares: el ser un funcionario público sujeto a escrutinio y crítica públicos, naturalmente intensos por el cargo que ocupa, y la situación tan apremiante de violencia que padece la prensa”.
Y presenta cifras preocupantes:
1.- En 2020 hubo 692 atentados contra medios de comunicación: un incremento de 13.63% con respecto a 2019.
2.-En 2020 hubo una agresión contra la prensa cada 13 horas.
3.- El 49.5% de las agresiones contra periodistas fueron cometidas por personal del Estado, entre funcionarios públicos, miembros de las fuerzas de seguridad civil y miembros de las fuerzas armadas. Un incremento de 29.4% con respecto a 2019.
4.- Los funcionarios públicos agreden a la prensa mediante “el uso ilegítimo del poder público” en las siguientes modalidades: hostigamientos judiciales, estigmatizaciones, intimidaciones, hostigamientos y bloqueos o alteraciones de contenido.
5.- Los actos de hostigamiento administrativo y judicial “pasaron de 11, durante 2019, a 33, en 2020. Es decir, se triplicó la utilización del aparato de poder para amedrentar o acallar voces críticas.
6.- Las agresiones de carácter digital se han incrementado. De “191 de las 692 agresiones contra la prensa documentadas, es decir, 27.6%, son de carácter digital”.
7.- De las 692 agresiones contra medios documentadas, 113 agresiones,16.3%, tuvieron como causa la cobertura de la crisis sanitaria causada por la COVID-19.
8.- En 2020 seis periodistas fueron asesinados: María Elena Ferral, Julio Valdivia, Pablo Morrugarrés, Jorge Armenta, Israel Vázquez y Jaime Daniel Castaño. “Todos con precedentes de algún tipo, incluso amenazas previas en cuatro casos. Y tres de ellos ultimados hallándose al amparo de alguna medida de protección del Estado. Así, se llega a la lamentable cifra de 17 periodistas asesinados en lo que va de la administración actual”.
9.-Respecto al uso de los recursos del Estado para agredir a periodistas y voces críticas, “un caso paradigmático es el de Notimex”, la agencia de noticias del Estado mexicano, dirigida por la periodista Sanjuana Martínez.
“Han pasado diez meses desde que dimos a conocer que directivas de esta agencia ordenan a sus empleados el uso de cuentas de Twitter para agredir a periodistas, pero las autoridades a cargo de investigar estos hechos han actuado con inexplicable y obsequiosa lentitud”.
Ante ello, dice, “la respuesta del presidente sigue siendo ambivalente y la SFP mantiene estancadas las pesquisas. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró estas agresiones como un “conflicto laboral”, enviando nuestra queja a la Sexta Visitaduría, encargada, precisamente, de los casos de derechos laborales. La degradación de la agencia se ha agudizado con la huelga, que está lejos de resolverse por falta de voluntad de las autoridades de Notimex”.
Asimismo, destaca la agresión que sufrieron mujeres periodistas durante la cobertura de las protestas feministas del pasado 8 de marzo. Ello resalta el doble riesgo que representa en México el ser periodista y ser mujer.
Entre las agresiones sufridas por los medios, Artículo 19 menciona de forma relevante “los seis ataques informáticos para inhabilitar las suscripciones al portal Animal Político, así como los cometidos contra los medios de comunicación sinaloenses Noroeste, Revista Espejo, Reacción Informativa, Riodoce y Línea Directa, los cuales vieron sus sitios web desbordados por miles de peticiones de servicio (ataque DDOS) que limitaron el acceso a sus páginas”.
El entorno de la crisis sanitaria, agrega, hizo surgir intentos de censura en contra de quienes buscan informar sobre el verdadero manejo de la pandemia por parte del gobierno federal y la consecuente crisis económica.
Finaliza el capítulo sobre agresiones a la prensa enfatizando que no es suficiente analizar la violencia contra prensa a partir del tipo de agresor.
“Las acciones más violentas contra la prensa tienen como principales perpetradores a “particulares”, “desconocidos” o integrantes del “crimen organizado”. Pero no debemos perder de vista que existen una multiplicidad de relaciones de contubernio y omisiones estatales que entrañan esquemas de criminalidad más complejos”.
