El pasado 8 de septiembre la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Poder Legislativo elaborar una nueva Ley de Comunicación Social antes de que concluyera el último periodo ordinario de sesiones de 2021, pero esto no sucedió y en la mayor parte de los medios y en las redes sociales el tema pasó desapercibido.
La Ley de Comunicación Social fue promulgada el sexenio pasado y desde el inicio fue conocida como “Ley Chayote”, pues en opinión de especialistas y de organizaciones ciudadanas interesadas en estos asuntos, como Artículo 19, se trata de un ordenamiento que no garantiza el derecho a la información de la ciudadanía, sino la preservación de un modelo que privilegia la propaganda gubernamental por encima de la difusión de obras, políticas y acciones de gobierno.
Pese a las críticas que durante la campaña hizo, el presidente López Obrador sólo ha recortado el presupuesto destinado a publicidad oficial, el cual sigue beneficiando a las televisoras y a medios afines, pero sin cumplir con las recomendaciones que se han hecho en la materia o con la promesa de elaborar un nuevo ordenamiento para transformar la relación medios-gobierno federal.
El especialista en comunicación Javier Esteinou Madrid, destaca que con la omisión de los legisladores “se conservó un estado inconstitucional que favoreció la censura sutil del gobierno hacia las líneas informativas de los medios de comunicación, especialmente privado-comerciales, mediante el otorgamiento de ‘premios’ a las políticas editoriales de los canales de información que lo apoyan, y ‘castigos’ políticos a los que lo critican” (Siempre 3579, 16 de enero de 2022).
No es un tema menor en el contexto de un presidente con resultados cuestionables o escasos, pero con una enorme popularidad entre la población como reportan las encuestas que miden este indicador.
Desde que inició el sexenio, fue evidente la coordinación en redes sociales para inhibir y acallar la crítica en contra del presidente, no dejando sin contestar ninguna opinión que cuestione la labor de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, además del surgimiento de cuentas en redes sociales y canales en YouTube que difunden opiniones positivas a su administración.
Los medios de comunicación tradicionales, en especial los que se mantienen en el bando crítico, han visto cómo sus ingresos por publicidad oficial desaparecían y las agresiones en su contra aumentaban, incluso enfrentando la reorganización de ediciones, despido de personal o cierre de estaciones, publicaciones o canales de televisión.
Así, mantener la actual Ley de Comunicación Social tiene sentido porque permite la utilización de los recursos del gobierno federal para apoyar la propaganda que favorece difundir una imagen favorable del presidente que repercute en altos niveles de aprobación.
Pero para los que se dicen opositores –en especial en redes sociales— es más importante hablar de una supuesta novia del presidente, publicar memes por el nuevo contagio que tuvo el inquilino de Palacio Nacional o pelear con los seguidores del lopezobradorismo por cualquier tema.
Lo que sucede con la Ley de Comunicación Social es una muestra de que en el México actual lo importante no es discutido o analizado en los espacios de la opinión pública, porque lo que se hace es hablar de los distractores que surgen en la estrategia que se diseña en Palacio Nacional.
