El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialmente contra el ministro presidente Arturo Zaldívar, porque dice que no considera grave la defraudación fiscal y la elaboración de facturas falsas. Sigue el modelo neoliberal en el Poder Judicial, afirma.
Esta mañana, desde Campeche, donde realizó su conferencia de prensa, cuestionado sobre la determinación de un juzgado federal que ordena vacunar contra la Covid-19 a los menores de entre 12 y 17 años, López Obrador embistió ahora a la SCJN.
Apenas el pasado lunes el Pleno de la SCJN determinó, por ocho votos contra dos, declarar inconstitucional el decreto que modificaba las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, además de los códigos Nacional de Procedimientos Penales y el Fiscal de la Federación, que establecía la prisión preventiva oficiosa para delitos como la defraudación fiscal, el uso de facturas falsas, y que consideraba a actos contra el fisco federal como amenazas a la seguridad nacional.
Desde el martes el presidente manifestó su inconformidad con la resolución del tribunal, pero este viernes dijo que la defraudación fiscal y las facturas falsas fueron implementadas “con la complicidad de funcionarios con el contubernio de autoridades de las llamadas factureras”.
A continuación incluso se fue contra Arturo Zaldívar, al que anteriormente había defendido y propuesto que se prolongara su encargo de ministro presidente porque lo consideraba indispensable para continuar la reforma judicial.
“Lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte, al que estimo de verdad y lo respeto, haya dicho que esto no afecta a los pobres, o que es a los pobres a los que se les protege si no van a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales, si la mayoría de los pobres paga impuestos básicamente por la mercancía que compra en el IVA”, dijo el mandatario.
López Obrador dijo que muchos pobres no pagan el Impuesto Sobre la Renta, ya que no tienen ganancias, y 99 por ciento de los delitos fiscales “tienen que ver con la gente de arriba”.
Y al respecto pontificó sobre la justicia: “Entonces, ya basta de que sólo se proteja a los que tienen mejor posición económica. La justicia tiene que ser para todos; incluso no puede haber trato igual entre desiguales, hay que darle más justicia al que tiene menos”.
Después de acusar que hay un modelo neoliberal o neoporfirista en el que los jueces protegen a potentados y no a la mayoría del pueblo , dijo: “No ha cambiado el Poder Judicial, sigue lo mismo. Eso que hicieron, imagínense, todo un esfuerzo para que los defraudadores… En todos los estados hay ejemplos de factureros, había factureros con aviones particulares, despachos de lo más fifís, dedicados a emitir facturas falsas, a defraudar. ¿Qué significa eso?”.
Agregó: “Porque la Corte resuelve de que no deben de ir a la cárcel porque se les afectan sus derechos humanos. ¿Qué, no se afectan los derechos humanos de todo un pueblo cuando no ingresan recursos suficientes a la hacienda pública, que son los que se necesitan para apoyar a la gente, para garantizar la educación, la salud, el no darle la oportunidad de trabajo a los jóvenes y que se les empuje a tomar el camino de las conductas antisociales?, ¿qué, no es eso promover la violación de los derechos humanos, dejar a la gente en la pobreza, porque el Estado no tiene para cumplir con su responsabilidad social, no tiene los recursos suficientes?”.
El martes pasado, en su cuenta de Twitter, Zaldívar expresó que la prisión preventiva oficiosa es aplicada , principalmente, a los pobres, y que debe ser una medida excepcional.
“La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional. #SCJN”, escribió el ministro presidente.
En un reportaje de Animal Político se establece que, tras la reforma impulsada por López Obrador en 2019y apoyada por todos los partidos, por la que se estableció prisión preventiva para más del doble de los delitos anteriormente considerados, en 21 estados hay 130 mil presos por esa medida pero sin juicio y sin que se les haya probada la comisión de algún delito.
El reportaje afirma, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que la mayoría de los apresados se encuentran “en una situación económica vulnerable”, con estudios de secundaria o menos.
Un dato más del documento: de los apresados en 2020, 85 por ciento se mantienen encarcelados sin sentencia.
