Los asesinatos de periodistas en lo que va de 2022, regresa a la mesa de discusión la ineficacia del Estado para velar por la protección de los informadores, pero se han dejado de lado los demás factores que hacen del ejercicio del periodismo una actividad de muy alto riesgo, mismos que van desde el aspecto salarial hasta la falta de apoyo gremial para mejorar las condiciones de trabajo y paliar la falta de preparación.

Actividad de alto riesgo

El periodismo es una profesión de alto riesgo, no sólo por la posibilidad de recibir una agresión que pudiera terminar en la muerte, sino porque se desarrolla en condiciones laborales lamentables para una gran cantidad de trabajadores de la información y que se traducen en bajo salarios, nulas prestaciones sociales y falta de capacitación y equipamiento.

El contexto no puede ser sino preocupante: a las agresiones, no sólo por parte del crimen organizado, sino también por parte de actores políticos, se suman las malas condiciones en las que muchos periodistas desarrollan su trabajo.

Muchos trabajan por sueldos de 3 mil o 4 mil pesos al mes, en una gran cantidad de casos sin prestaciones sociales. La gran oferta de mano de obra, explicada en parte por la enorme proliferación de escuelas de comunicación desde los años 80, ha provocado que tengamos personal de sobra que compite por los pocos puestos disponibles, algo que es aprovechado para ofrecer sueldos bajos por parte de los empresarios de medios.

El pago en efectivo o en nóminas arregladas, es algo muy común en muchos medios, los cuales no ofrecen prestaciones sociales, si acaso un aguinaldo de una quincena y sin derecho a vacaciones.

Los horarios en bastantes casos son 24/7 con el pretexto de que la información no descansa y con la pandemia, se debe trabajar desde casa con el consiguiente gasto en electricidad e Internet sin recibir apoyos.

A lo anterior se suma el recorte de publicidad oficial por parte de la actual administración, que ha provocado despidos, cancelación o cierre de ediciones o estaciones, además de recontrataciones con menos sueldo o en peores condiciones, que se agrava por la disminución de la publicidad del sector privado, la competencia de las redes sociales y de portales de reciente creación que, en busca de aprovechar la militancia para obtener presupuesto, reducen las posibilidades de ingresos para los medios.

Pero es en la prensa de los estados en donde se presentan los mayores riesgos, representados por el crimen organizado y los grupos políticos que ven afectados sus intereses, por lo que las agresiones, amenazas e, incluso, asesinatos son comunes.

La impunidad de quienes agreden periodistas –de acuerdo a organizaciones como Artículo 19 llega al 95%– hace que matar a un periodista sea sencillo y sin consecuencias.

De esto último, ningún partido se salva, incluso entre quienes prometen que habrá un cambio o juran no ser iguales al resto.

Para los grandes medios, no es un tema de preocupación y para muchos comunicadores, sólo es motivo de protesta cuando algo sucede de manera cercana.

Hay que agregar que desde el poder se ha descalificado a periodistas porque no se someten a los deseos de los gobernantes de turno, lo que ha provocado que también la credibilidad esté en entredicho y se pierda el prestigio que se llegó a tener en el pasado.

Finalmente, el hecho de que no haya una verdadera unión de periodistas o una agrupación que vele por sus derechos, hace que el informador esté en estado de indefensión y no cuente con respaldo jurídico en caso de despidos injustificados, como ha sido algo común en esta era de pandemia.

Y sin un reconocimiento social, unión y un Estado que vele por su protección, lo más probable es que los asesinatos y las malas condiciones laborales continúen.

Armando Reyes Vigueras

armando.reyesvigueras@gmail.com

Periodista