domingo, mayo 19, 2024

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En curso, 300 juicios laborales por fraude en pensiones del Issste

Presuntos actos de corrupción que involucran a funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y de juntas de Conciliación y Arbitraje, en connivencia con despachos legales, ocasionaron que el organismo incluyera indebidamente una prestación adicional en el pago de cientos de miles de pensiones, con perjuicio de miles de millones de pesos.

El instituto otorgó 237 mil 901 pensiones que incluyeron la compensación garantizada, una prestación de los empleados federales en activo, pero que conforme a la ley del organismo vigente hasta 2007 no debía tomarse en cuenta para calcular el monto del retiro.

A lo anterior se suman más de 300 juicios laborales en curso, con la demanda de ese pago de manera retroactiva, según datos obtenidos mediante solicitudes de información pública, confirmados por el director del organismo, Pedro Zenteno Santaella.

La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (Femcc), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), empezó procedimientos en 34 carpetas de investigación sobre más de 180 pensiones, en las que se indagan redes de corrupción que gestionaron el pago retroactivo de la prestación.

El Issste ya perdió casos en primera instancia en tribunales laborales, por lo que estima que requiere alrededor de 16 mil millones de pesos para pagos retroactivos, ante la posibilidad de que se ratifiquen las resoluciones, indicaron funcionarios federales que conocieron en agosto pasado un informe presentado a integrantes del gabinete en Palacio Nacional.

Pagos inflados
Según sus registros, de 2001 a 2007 el instituto otorgó más de 30 mil pensiones anuales con la compensación garantizada incluida, prestación económica de los trabajadores del Estado que en algunos casos representa hasta 60 por ciento de sus ingresos quincenales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó en siete distintas resoluciones la parte de la ley del organismo vigente hasta 2007, que excluye la polémica prestación en el cálculo de las pensiones.

Sin embargo, todo apunta a que mediante juicios laborales, de manera irregular y ante la omisión de los abogados del organismo, el Issste otorgó miles de esas pensiones infladas y ahora está obligado a pagarlas hasta el fallecimiento de los beneficiarios, con el consecuente costo financiero.

Zenteno Santaella dijo a La Jornada que la Femcc empezó la investigación hace un año. El organismo conoció de los fraudes cuando fue notificado de demandas laborales y de un embargo de cuentas bancarias, como resultado de litigios que ganaban los trabajadores.

Subrayó que ese embargo también está en disputa porque las cuentas de entidades públicas no están sujetas a esa medida.

“No se permitirá más”
El pasado 10 de octubre, el Issste presentó cuatro denuncias penales contra funcionarios del instituto, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 42 e integrantes de despachos de abogados, por haberse coludido para autorizar 67 pensiones con pagos retroactivos, las cuales causaron un daño financiero por más de 3 mil 800 millones de pesos.

Zenteno Santaella reconoció que están en curso 300 juicios laborales. “Vamos a demostrar que esto es un fraude, es ilegal y no se permitirá más”.

El monto total que anualmente debe erogar el Issste por el pago de las pensiones autorizadas entre 2001 a 2007 no fue revelado.

Funcionarios federales explicaron que despachos legales ofrecen a pensionados el beneficio adicional, a cambio de 35 a 50 por ciento del pago retroactivo. Los abogados usan sus vínculos con funcionarios del instituto para evitar que respondan en tiempo a las demandas; en dependencias federales logran que se falsifiquen las llamadas hojas únicas de servicio y en las juntas laborales consiguen que no se apliquen los criterios de la Corte sobre la compensación garantizada.

Estas irregularidades aparecieron desde antes de 2001, pero hoy es imposible precisar el número de casos que obtuvieron el beneficio adicional, debido a que los registros históricos de nómina están “dañados o ilegibles”, informó la Subdirección de Pensiones del Issste.

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