La SCJN resolvió que habitantes de Chapab y Kinchil sí tienen interés legítimo para impugnar la Norma Técnica Ambiental que regulariza las granjas porcícolas en el estado, al considerar que nunca fueron consultados previamente como pueblos indígenas.
1.La sentencia ordena reponer el proceso judicial y reconoce el derecho de las comunidades a defender su territorio, su medio ambiente y su derecho a la consulta indígena.
2.Este fallo abre una nueva etapa en la lucha socioambiental frente al impacto de la industria porcícola en Yucatán y fortalece el acceso a la justicia de los pueblos mayas.
