Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que la violencia contra la prensa en México es sostenida y normalizada, pero urge detenerla. También advirtió claramente que la estigmatización de los comunicadores puede promover las agresiones contra ellos.
En su intervención durante la presentación del informe anual 2021 de Article 19 sobre México, Vaca hizo una anotación lapidaria: “La violencia contra la prensa en México es una tragedia sostenida y, por lo tanto, normalizada”. Agregó que en el país “se ha derramado mucha sangre de periodistas en México”, lo que tiene “unos costos enormes”.
“Me cuesta mucho creer que, a golpe de realidad, los periodistas en México estén forzados a acostumbrarse a que lo normal sea que su trabajo les puede costar la vida”, afirmó el especialista.
Al respecto, comentó que urge hallar soluciones, pero lamentó que “haya tanta paciencia institucional. El costo de esa paciencia son vidas, son proyectos periodísticos, son historia y temas que se han autocensurado”.
A la cuestión de cómo detener esa violencia, se dijo sorprendido que hasta ahora las respuestas “sean tan difusas, tan postergadas, tan evasivas de la responsabilidad en la búsqueda de soluciones. Percibo en el último tiempo que la reacción institucional por muchos años parece estar resignándose a ver la violencia contra la prensa no como un fenómeno a erradicar, sino como una situación con la que se debe convivir”.
Trazó una comparación: en los países sin violencia letal contra la prensa un asesinato acapara la atención no sólo del gremio y de los medios, sino también de las instituciones e incluso de la sociedad, que “tendrá mucha más conciencia de que esos hechos no se pueden repetir”.
Por el contrario, donde esa violencia es reiterada y, además, hay impunidad, se fomenta la repetición de las agresiones, por lo que hay “un riesgo enorme de que las víctimas, sus familiares, sus proyectos periodísticos, sus historias, los hechos que estaban reporteando, los asuntos que estaban cubriendo o investigando, pierdan el lugar de reconocimiento social que, en su memoria, toda la sociedad debiera tener”.
Frente a esa violencia y la paciencia para darle respuesta, Vaca señaló que institucionalmente “parece que urge ajustar cuentas con el periodismo en general”. Y pasó a hablar de la lucha y la estigmatización gubernamental contra los periodistas desde la conferencia de prensa presidencial, especialmente desde un espacio “exótico y atípico”: la sección “Quién es quién en las mentiras”, aunque no la nombró.
Al respecto, el relator mencionó que “la línea entre el derecho que tiene un gobernante a defenderse de las críticas y la estigmatización que puede alentar a la violencia contra los críticos es muy delgada, pero toda persona que quiera ejercer su liderazgo con credenciales democráticas debe tener muy presente esa distinción”.
Añadió al respecto: “Toda respuesta argumentada es bienvenida, pero todo señalamiento oficial denigrante contra la prensa afecta los cimientos de la democracia, puede sembrar miedo y censura. Es incompatible con la libertad de expresión que autoridades públicas acudan a la estigmatización como medio principal para responder a los cuestionamientos que hacen las personas sobre las que tienen y ejercen poder público”.
Sobre la sección encabezada por Elizabeth García Vilchis, Vaca dijo: “La Relatoría ha registrado una compleja pugna de las autoridades federales sobre periodistas y medios de comunicación, que tiene como cita ceremonial un programa que se emite semanalmente, o dos o tres veces por semana, según la urgencia que represente la disputa del momento. Cuando apenas iniciaba dicho espacio, invité a las autoridades a reconsiderarlo y a contrastarlo con mejores prácticas internacionales a propósito de su pertinencia y su objetivo. Y es que algo tan exótico y atípico para los estándares de libertad de expresión, generaba y sigue generando inquietudes sobre su alcance, su metodología, sus criterios de análisis y su operación”.
Al respecto indicó que, al tomar en cuenta los asuntos de violencia, la Relatoría sugirió que la sección fuera suspendida, pero que el gobierno les respondió que se trata de un espacio de réplica. Pero la institución advierte que en no pocas ocasiones va más allá de ello, y abundo: “El derecho a la réplica tiene resguardo en el derecho internacional, pero la auditoría gubernamental de contenidos de medios de comunicación es en extremo preocupante”.
Vaca recordó un par de lecciones; primera, que la historia regional muestra que la estigmatización a la prensa desde el Estado pretende casi siempre aleccionar y silenciar a quien se atreve a cuestionar al poder público. Segunda, la reiteración de señalamientos pueda acabar siendo replicada por autoridades locales y se puede instalar como una práctica.
