La academia y la resistencia comunitaria coincidieron, en mesas de análisis sobre la iniciativa de Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos impulsada por el Poder Ejecutivo, en que hay ambigüedades, simulación, falta de mirada histórica y antropológica y, sobre todo, falta de consenso desde los involucrados.
Lo anterior como parte de la discusión de dicha propuesta promovida por el Poder Ejecutivo, operada a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Gobernación (Segob) para su aprobación en octubre próximo
El tema se discutió en el ‘Seminario Patrimonio Cultural: Antropología, Historia y Legislación’ de la Dirección de Estudios Históricos (DEH) del INAH moderado por Bolfy Cottom, bajo el título “Mesas de Análisis: ¿Derechos Indígenas o República de Indios?” en la que estuvieron 13 especialistas divididos en dos mesas, entre investigadores, especialistas, defensores de pueblos indígenas y abogados, que desnudaron ambigüedades, asimetrías y omisiones de la propuesta de ley que “bajo la máscara del reconocimiento de derechos, encubre un andamiaje colonial de control territorial, burocratización y despojo”, según se afirmó.
En la primera mesa estuvieron Miguel López, de los Pueblos Unidos de los Cholultecas y los Volcanes; Jorge Fernández, en representación del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal AC; Daniela Lucio, de la Facultad de Derecho de la UNAM; Yuri Escalante, de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica; Giovanna Gasparello, profesora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH, y la moderación de la doctora en antropología, Eliana Acosta.
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El foro puso en tela de juicio la legitimidad misma del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas y de un proceso de consulta tildado de “apresurado” y “manipulado”, ante una ley que en el fondo restringe el ejercicio real de la libre determinación de los pueblos.
Testimonio de resistencia…
Durante la primera mesa, con duración de poco más de dos horas se cuestionó el papel de la actual intelectualidad y los funcionarios de origen indígena que, insertos en las estructuras del Estado (como el INPI o la Secretaría de Bienestar), han adoptado lenguajes oficiales para conducir un proceso que “fragmenta y polariza a las comunidades”.
En la voz de muestra, Miguel López, defensor del agua y del territorio originario de Santa María Zacatepec expuso con crudeza la brecha entre la autonomía real y el simulacro normativo que pretende imponer el Estado, dijo:.
“Para nosotros la autonomía es la capacidad que tenemos los pueblos, las comunidades indígenas de decidir tanto nuestro futuro, nuestro presente, nuestro territorio, nuestro paisaje, nuestra forma de vida, nuestra organización política, nuestra administración de recursos tanto económicos como naturales.
“Nos engañan diciendo que es una consulta, y cuando llegamos nos dicen ‘no, es un foro’,y si vamos a decidir, ¿qué vamos a decidir si esa no es la forma de decisión que tenemos como pueblos originarios? Nosotros así no decidimos… Como pueblos cholultecas no aceptamos esta farsa, esta mentira de propuesta iniciativa de ley. Aunque en esta ley nos borren, nos quiten como pueblos originarios, nosotros seguiremos resistiendo, luchando y organizándonos, y estar en contra de estas propuestas iniciativas de ley que están en contra de la vida”.
Durante esa primera mesa también se evidenció el carácter paternalista de la iniciativa, advirtió sobre los graves riesgos que implicaría la creación de un fondo estatal para administrar regalías y la certificación federal de «artesanas tradicionales», mecanismos que usurpan la gobernanza de los pueblos sobre su propio patrimonio.
Para el segundo momento del diálogo, en la segunda mesa, estuvieron Abel Barrera, abogado y representante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Miguel Poot, Secretario Técnico de la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Senado; María Elisa Velázquez, de la dirección de Etnohistoria (INAH); y Rosa Garza, de la DEAS-INAH, con moderación de Bolfy Cottom.En Michoacán, ocho municipios suspenden clases por Boris y 113 por inauguración del MundialLeer Más
Ahí se señaló que la actual iniciativa se encuentra vacía de contenido político dadas las demandas zapatistas de libre determinación, y que el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (validado por el INPI) ‘fosiliza’ las prácticas autónomas de los pueblos.
También se lamentó la total ausencia de un consejo académico o de especialistas del INAH en el diseño de la iniciativa de ley que termina equiparando mecánicamente a las poblaciones afromexicanas con las indígenas sin comprender sus especificidades históricas y culturales.
Se desmitificó la consulta asociando al resultado de cifras oficiales difundidas por el INPI de participación de 33 mil personas en asambleas, cuando el monitoreo de la plataforma “Indígenas 3D” ha documentado el rechazo de 184 mil personas –disidencia de al menos 112 comunidades– que se oponen a esa reforma por considerarla regresiva y limitativa, sumando a ello la falta de consenso en al menos cinco Estados de la República Mexicana.
Por un lado Abel Barrera vislumbró una respuesta de resistencia, mencionando la exigencia de los pueblos para un nuevo consenso; por el otro, María Elisa Velázquez respondió que a pesar de todas las inconsistencias mencionadas en las mesas la ley se va a aprobar, y que la entrada en vigor de la misma marcaría una nueva fase de resistencia judicial: “sería la labor de estar en contra, con amparo, otra labor de lucha de otros 20 años”.
Bolfy Cottom se sumó a la postura de Velázquez, pues a su decir –a pesar de las ambigüedades de la propuesta–, existe la mayoría calificada tanto en el legislativo, control en la Corte, como el ejecutivo federal, para que pase:
“Pero, por lo menos debemos dejar testimonio, dejar un precedente de que se discutió y se plantearon cuestiones fundamentales e importantes de este instrumento de ley general de pueblos”, una trinchera de la academia frente a la aplanadora del Estado
