Por El Observatorio de Movilidad Sostenible de Merida
El pasado 3 de noviembre inició operaciones en Mérida el servicio “Uber Moto”, el cual alega ser una “alternativa ágil y económica” para desplazarse en la ciudad, pero que en realidad trae consigo una serie de problemas y riesgos.
En primera instancia, se trata de un servicio que no está contemplado explícitamente en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Yucatán, ya que NO entra en la definición de “Servicio de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas de personas pasajeras” por no ser un vehículo de 4 ruedas (Art. 145), y tampoco parece catalogarse como “servicio de transporte de personas pasajeras en medios alternativos” ya que sólo se presta a través de microvehículos (Art. 145) como mototaxis y motocarros que, a su vez, se definen como vehículos de 3 ruedas (Art. 6, Fracc. XIII, XIV y XV).
Como segundo punto, #UberMoto supone una competencia desleal al servicio de transporte público de pasajeros y representa una precarización del servicio de transporte bajo pedido, al exponer a las personas usuarias a las inclemencias del tiempo y, sobre todo, a un mayor riesgo de sufrir lesiones graves y muertes. Es de recordar que los motociclistas han llegado a representar hasta el 33% de los fallecidos por siniestros viales en el municipio de Mérida (OMSM, 2016).
La presencia de “Uber Moto” supone un desafío todavía mayor que los mototaxis, ya que las motocicletas son capaces de alcanzar velocidades mucho mayores que las alcanzadas por los mototaxis (arriba de los 40 km/h), y por las dimensiones del vehículo, sus conductores son más propensos a invadir carriles y cometer otras conductas abusivas y de riesgo.
En resumen, se trata de un servicio con más perjuicios que beneficios urbanísticos, y al no obedecer a causas de utilidad pública, debe desalentarse su uso en la mayor medida de lo posible. En caso de ser regulado, el Gobierno del Estado de Yucatán a través del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial y la futura Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), le deben imponer fuertes restricciones de operación y altas cargas tributarias.
