Autor: Mariana Moguel Robles
Sin duda México se destaca a nivel mundial por sus tradiciones, su cultura, sus colores, sus sabores, pero sobre todo por la calidez de su gente. Sin embargo, en nuestro país existe un déficit de 9.4 millones de viviendas y estas familias no atendidas viven en condiciones precarias, donde los sueños, aspiraciones y un lugar seguro no son más que una meta lejana.
Por años hemos escuchado decir en las mañanas que con el actual gobierno “ahora sí México es un país de derechos”. No obstante, más de 40 millones de mexicanas y mexicanos no cuentan con un techo, con muros, con suelo firme; carecen del resguardo que una casa puede ofrecerles.
Por si fuera poco, El panorama de compra de casas en general se ha complicado en el país, principalmente para los jóvenes, pues si estos deciden adquirir una vivienda, se enfrentan a las engorrosas políticas financieras de las instituciones de crédito, carecen de seguridad social y en el mejor de los casos tienen que destinar hasta el 50% de su salario mensual y comprometerlo hasta por 30 años.
Por lo que ha conllevado a que 73.6 millones de mexicanos se encuentran prácticamente excluidos del mercado formal de vivienda, de acuerdo con un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Es por ello, que los jóvenes son quienes incrementan el número de la vivienda informal. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, las generaciones jóvenes mexicanas representan el 50% de solicitudes de créditos para acceder a un hogar; en 2021 sólo lograron adquirir 232 mil 198 unidades, a comparación de aquellos que tienen entre 30 a 59 años, y compraron más de 750 mil casas, en el mismo período.
Lo anterior ha dejando como única opción la vivienda informal, que se da a través ya sea de invasión de predios y/o autoconstrucción. De acuerdo con el Dr. Albert Saiz, profesor asociado en los programas de planeación urbana y bienes raíces en el MIT, esta forma de vivienda ya representa para México del 40 al 60% de viviendas en el país.
A pesar de que esta opción es una solución, pueden existir inconvenientes en los hogares como daños estructurales y falta de aprovechamiento en los terrenos por la ejecución de un mal diseño, entre otros aspectos.
De acuerdo con el estudio “Enfrentar el desafío de la vivienda en América Latina”, elaborado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por su sigla en inglés) y la firma La Haus, México requiere construir al menos 800 mil viviendas anuales y combatir la informalidad en el sector, para atender un déficit de 2.2 millones de hogares que cada año va aumentando.
En el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En ella se fijó el ritmo en relación con muchos aspectos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible.
Como resultado de la Cumbre de Hábitat III, celebrada también en 2015 en Quito, Ecuador, 3 años más tarde se presentó la Nueva Agenda Urbana en Kuala Lumpur, Malasia, la Nueva Agenda Urbana con el objetivo de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, incluidas sus siete metas pues abarca varios componentes que afectan a la sostenibilidad de las ciudades y las regiones, como la vivienda, el transporte, la planificación, el patrimonio cultural y ambiental, la reducción del riesgo de desastres, el impacto ambiental y los espacios públicos.
En la Nueva Agenda Urbana, que los gobiernos aprobaron, incluido México acordaron que las prioridades son contar con el apoyo de una estructura de gobernanza, crear y mantener la planificación y gestión del desarrollo espacial urbano del siglo XXI y establecer mecanismos sólidos de financiación.
Lamentablemente desde diciembre del 2018 esto no ha sido así. Hoy por hoy México está construyendo casas, pero mucha construcción ocurre informalmente, sin un permiso oficial, sin infraestructura adecuada, y a veces sin los parámetros mínimos de seguridad en tipo de vivienda, materiales y servicios.
Ante esta problemática y la ausencia del gobierno, organismos de la sociedad civil comprometidos y con amplia experiencia en la industria, como el Consejo Nacional de Vivienda Económica, Social y Sustentable (Convives), se han organizado para “entrarle al quite” y tratar de reducir la merma en las necesidades de vivienda, sobre todo para las familias más vulnerables.
Para este año, Convives prevé la construcción de 2 mil 500 viviendas a través del Modelo de Cooperación para el Financiamiento de la Autoproducción de Vivienda, con recursos del banco de desarrollo estadounidense, informó recientemente su presidente Francesco Piazzesi. Por su parte, el banco de desarrollo estadounidense Development Financial Corporation (DFC) anunció la inversión de 30 millones de dólares para la autoproducción de vivienda que beneficie a grupos que no tuvieran acceso a los fondos de vivienda, como Fovissste e Infonavit.
Pensando en las necesidades de la gente, empresas privadas y OSC han desarrollado un modelo integral de desarrollo comunitario sostenible, el cual contempla 3 ejes principales, financiero, social y tecnológico, pues 6.8 millones de familias no tienen acceso a mecanismos adecuados que les permitan adquirir una vivienda, así que su misión es otorgar créditos de vivienda adecuados para todas y todos.
Dignificar la vivienda, hacer comunidad y crear pertenencia son la base del modelo por los que brindan acompañamiento y capacitación a cada beneficiario desde el inicio de su ahorro hasta la entrega de las llaves de su hogar. Gracias a la personalización de los programas, por cada 100 viviendas entregadas se impacta positivamente a al menos 400 personas.
También resulta indispensable el desarrollo de vivienda resiliente, es decir, aquella que tiene la capacidad de resistir, recuperarse y adaptarse ante condiciones adversas del cambio climático o desastres naturales.
Para eso, los proyectos de vivienda deben estar ubicados de tal forma que minimicen la exposición a las posibles amenazas del entorno. Asimismo, deben ser planificados, diseñados, construidos, operados y mantenidos para reducir la vulnerabilidad frente a dichas amenazas. Por este motivo, las estrategias de adaptación dependen de las características de la infraestructura de la vivienda y deben ser específicas para el entorno donde se ubican.
Gracias a la implementación de tecnologías innovadoras y amigables con el medio ambiente, es hoy posible construir viviendas adecuadas y así generar empleos en la zonas más rezagadas, impulsando así el desarrollo sostenible de las comunidades. De esta manera el sector privado y la sociedad civil generan sinergia para el desarrollo comunitario integral al sumar sus experiencias en diferentes ámbitos. La Comunidad participa en la toma de decisiones, trabaja, ahorra y, sobre todo, sueña con crear un mejor futuro. Un lugar digno para vivir es una gran base para que las familias comiencen a crear un futuro mejor.
