Opinion

Una necesidad social puede explicar un problema, pero no convierte en legítima la vulneración de los derechos de otra persona.

Por Raúl Mendoza

Con el tema de las invasiones y los desalojos que ocurrieron hace un par de días en Mérida, creo que es importante no mezclar debates que, aunque pueden estar relacionados, no son lo mismo. Nadie puede negar que existan personas que viven en condiciones de pobreza, que cada vez sea más difícil acceder a una vivienda digna o que incluso haya casos de discriminación. Esa es una realidad que merece políticas públicas serias y soluciones de fondo.

Sin embargo, también es evidente que existen redes de corrupción, personas que lucran con los asentamientos irregulares e incluso quienes invaden terrenos teniendo ya otra propiedad. Precisamente por eso considero que el problema no puede reducirse simplemente a llamarlo racismo o xenofobia Rosa Cruz Pech .La invasión de un predio sigue siendo una conducta ilegal, independientemente de quién la cometa. Combatir la corrupción y garantizar el derecho a una vivienda no implica normalizar la ocupación del patrimonio ajeno ni desacreditar a quienes exigen que se respete el Estado de derecho. Una necesidad social puede explicar un problema, pero no convierte en legítima la vulneración de los derechos de otra persona.

Además, en este caso concreto, el desalojo que originó todo este debate se realizó en cumplimiento de una orden emitida por la autoridad competente. Lo que se buscó fue restablecer el Estado de derecho, no cometer un acto de discriminación. Y el posterior bloqueo del Periférico Sur terminó afectando a miles de ciudadanos que no tuvieron absolutamente ninguna responsabilidad en ese conflicto. Defender un derecho nunca debería significar atropellar los derechos de terceros.

Hay otro punto que tampoco podemos ignorar. El ejemplo común que si una inmobiliaria invade un área verde, destruye un ecosistema o consigue permisos mediante actos de corrupción, también debe responder ante la ley. El Estado de derecho no puede aplicarse únicamente contra los más vulnerables mientras se hace de la vista gorda con quienes tienen poder económico o político. La ley debe ser pareja para todos. Pero precisamente por esa misma razón, un acto ilegal no justifica otro. Si exigimos sanciones para los desarrolladores corruptos, con la misma firmeza debemos exigir que se respete la propiedad privada y que nadie, por la razón que sea, se apropie de un terreno ajeno. La ley pierde legitimidad cuando se aplica de forma selectiva, pero también cuando se pretende justificar su incumplimiento dependiendo de quién la viole.

Raúl Mendoza