Frenan el Tren Maya: juez dicta suspensión definitiva por falta de evaluación de impacto ambiental

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Las obras del Tramo 5 del Tren Maya deberán ser detenidas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) porque el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán otorgó una suspensión definitiva a los buzos que desean proteger la zona, informó la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano.

 

El viernes pasado el juez federal emitió la suspensión definitiva de la emblemática obra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a la solicitud de buzos que trabajan en la zona, a los que les reconoció interés legítimo en el asunto.

 

El principal argumento para la suspensión definitiva es que las autoridades no han presentado la Evaluación de Impacto Ambiental, que es lo que debieron haber hecho antes de iniciar las obras. Sin embargo, apenas han iniciado la solicitud respectiva, pese a que ya avanzaron en la devastación de la selva.

 

Justamente considerando el peligro inminente de riesgo de daños irreversibles, el juez Adrián Novelo ordenó a Fonatur y Fonatur Tren Maya que paralice “cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del Tramo Cinco Sur del proyecto Tren Maya —con trazo de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo—, de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material”.

 

La resolución también refiere que los actos desarrollados por el Proyecto del Tren Maya, entre ellos el desmonte, no son realizados “bajo el estándar más alto de protección al medio ambiente y al agua de las comunidades afectadas”.

 

Apenas el pasado 12 de mayo el mismo juzgado había otorgado una suspensión provisional de las obras por las mismas razones: carecer de la autorización de impacto ambiental por lo que podría haber afectaciones al derecho a un medio ambiente sano. Entonces prácticamente echó para atrás el decretazo de López Obrador, dictado en noviembre del año pasado, para agilizar la realización de sus grandes obras y evitar el cumplimiento de leyes y reglamentos.

 

Posteriormente, el 18 de mayo el mismo juzgado otorgó otra suspensión provisional por la falta de autorización de impacto ambiental en un juicio de amparo indirecto, otorgada a solicitud del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que alegó daño al medio ambiente y el derecho a la cultura de los habitantes de la región.

 

Ahora el Fonatur puede impugnar la resolución del juez Novelo ante el Tribunal Colegiado de Trabajo y Administrativo en Mérida, lo que puede llevar meses incluso aunque sea presentada la Manifestación de Impacto Ambiental.

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