Como todas, la semana pasada fue muy activa para el sector de las telecom.
En días recientes testificamos un hecho nunca visto.
La empresa Telefónica anunció la firma de un convenio de acceso a capacidad de última milla inalámbrica de AT&T para conectividad de sus clientes, lo cual le asegura la permanencia en México mediante el ahorro de 230 millones de euros anuales. No ha sido ninguna novedad su argumento de que el nuestro, ha sido un país en donde la regulación no la ha tratado muy bien en cuanto a retorno en su inversión en el sector y, particularmente, altos precios para la compra y uso del espectro.
En meses recientes, Telefónica siguió con su tendencia a la baja en el negocio, que incluso su promedio de ingresos por usuario, (Average Revenue Per User, ARPU, por sus siglas en inglés) llegó a ser inferior al de los operadores móviles virtuales (MVNO).
En un mercado tan concentrado parece insostenible mantenerse como operador competidor de América Móvil que como agente económico preponderante en telecomunicaciones (AEP-T) fijas y móviles, mantiene dos tercios de los ingresos totales.
Los protagónicos entran en conflicto
El viernes pasado fue aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2020, que prevé un gasto total neto de 6 billones 107 mil 732.4 millones de pesos.
Definitivamente los grandes perdedores en la asignación de recursos fueron los órganos autónomos.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones no logró la aprobación del Pleno de la Cámara de Diputados de su propuesta presupuestal y tuvo una disminución del 10.9% en relación con lo que le presupuestó originalmente, es decir: “se asignó un monto de $1,541.24 millones de pesos al IFT, una reducción de $188.76 millones de pesos respecto a lo solicitado por este órgano regulador para el cumplimiento de las responsabilidades mandatadas en la Constitución”¹.
El IFT confirmó mediante un comunicado que, debido al recorte, analiza sobre los proyectos que deberá cancelar o posponer, lo cual no será un beneficio para cubrir las necesidades planteadas en la reforma que, desde marzo del 2014 hasta hoy, no ha sido ejecutada a cabalidad para eliminar los abusos anticompetitivos y con ello la preponderancia, a raíz de una pobre supervisión por parte de regulador.
El efecto, evidente permisividad de que el AEP-T limite las condiciones de competencia en el sector.
¿Triunfará la conexión?
En contraste, las metas de conectividad planteadas por la actual administración para el 2020 son muy altas y requieren de la participación no sólo de gobierno, sino también de la iniciativa privada para poder lograr con éxito la promesa de contar con un México 100% conectado.
Proyecto de Presupuesto de Egresos para diversos programas e instancias públicas
Así, para la operación de CFE Telecomunicaciones e Internet para todos se estimó un presupuesto de $1,095 millones de pesos, de los cuales el 91% corresponde a gasto de inversión para un programa de adquisiciones y así llevar conectividad a espacios públicos y a usuarios finales que aun no cuenten con una oferta comercial.
En conjunto, con CFE Telecomunicaciones, se suma la de las demás instancias de comunicaciones para contar con un estimado de casi $6 mil millones de pesos asignados para la conectividad nacional lo cual representa el 0.1% del presupuesto contemplado por el gobierno para el 2020. ¿Será suficiente?
El sector de las telecom requiere, entre otras cosas, de inversión en infraestructura y creación de políticas públicas que estimulen el uso de las redes de telecomunicaciones actuales y el aprovechamiento de las tecnologías de la información por parte de toda la población.
Esta historia continuará…
1 El IFT emite pronunciamiento sobre el presupuesto autorizado para 2020. Disponible en: http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift
Ingrid Motta
