La reforma judicial llevó a la salida masiva de jueces y magistrados antes de la fecha prevista para la votación de sus sucesores. De ahí la necesidad de poner jueces sustitutos, sin experiencia en el cargo, pero con carrera judicial. Hay gran retraso judicial, en parte por esa inexperiencia, al integrarse a juzgados donde lo mismo hay secretarios comprometidos que mecanógrafos incapaces y abusivos. Además, está el número estratosférico de demandas y audiencias a reprogramar por el paro de los trabajadores, de casi 3 meses.
Votados, los nuevos jueces sin carrera judicial llegarán a un escenario casi irresoluble. El caso de la ministra Batres, con cero egresos durante meses, a pesar de tener más de 50 asesores, es significativo. Los jueces no tienen asesores, solo secretarios que llevan el trámite y le presentan proyectos de resolución. Imponerse a uno o decenas de trabajadores hoy llega a ser la principal preocupación de muchos juzgadores; ya no sacar el trabajo o lidiar con litigantes o delincuentes. La vigilancia del tribunal de disciplina cerrará la pinza de presión para esos inexperimentados juzgadores.
Las cartas de recomendación y la votación serán el vínculo para que un juez sin experiencia judicial resuelva asuntos de delincuencia organizada; o enfrente procesos mercantiles o civiles que involucran la vida de comunidades. Si antes de la reforma el consejo de la judicatura no explicó las responsabilidades de los jueces, es esperable que los legisladores, presurosos en aprobar leyes y elegir candidatos, hagan ver a los que intentan ser jueces y magistrados federales las obligaciones y retos que la función lleva.
La polarización política y social ha tenido el efecto de anular el mensaje a partir de la calidad del mensajero y de su aprobación por políticos. Los pocos juzgadores que salieron a hablar de su función fueron ignorados. Quizás los legisladores desconocen el reto de ser juez, tramitar y resolver más de 4000 asuntos al año, estar al día en la emisión de sentencias, lidiar con el personal, con los litigantes y ahora con políticos; más las cargas administrativas (clasificar, archivar y destruir expedientes, por ejemplo: literalmente, toneladas de papel). Las invitaciones para participar en estos concursos se limitan a hablar de los requisitos, como sucede con la convocatoria del instituto mexicano de la juventud (imjuve) en donde se agregan muñecos de peluche para convencer a los jóvenes en ser jueces, pero sin mencionar los funcionarios judiciales asesinados por el cargo o las enfermedades propias del sedentarismo y el estrés judiciales o los divorcios al interior de juzgados o ser atacados por políticos y sus seguidores, entre otros.
El tribunal de disciplina, además de cuidar el interés público
, supervisará el desempeño de esos jueces nuevos. Muy pocos pasarán el escrutinio en productividad (número y calidad). La legitimación electoral no les servirá para cumplir con los miles de acuerdos y resoluciones que se dictan al año o para enfrentar cara a cara a las partes del juicio. Aunque ese tribunal los justifique o solape, el colapso judicial causado por la reforma seguirá.
