Hoy se presentó la Agenda de los Derechos Humanos para los Municipios y el Estado de Yucatán, un documento que fue elaborado por 90 personas entre, activistas, sociedad civil, así como representantes de organizaciones e instituciones con 360 propuestas, y que será un eje rector para políticas públicas en materia de derechos humanos para las autoridades estatales, municipales y organismos autónomos.
La presentación, que se realizó en el Auditorio “Víctor Cervera Pacheco” del Poder Judicial del Estado, estuvo a cargo del Presidente de la CODHEY, Miguel Óscar Sabido Santana, así como de los integrantes de la sociedad civil organizada, activistas y defensores de derechos humanos, colegios de profesionistas, instituciones académicas y universidades que se sumaron a este proyecto de participación ciudadana.
Asistieron al evento, la Magistrada del Poder Judicial del Estado, Ligia Aurora Cortés Ortega; el Subsecretario de Desarrollo Político del Gobierno de Yucatán, José Carlos Puerto Patrón; y la Jefa de Asuntos Contenciosos de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Mérida, Grety Rubí Cerón Llanes.
Sabido Santana destacó que la Agenda de los Derechos Humanos para Yucatán tiene como meta modificar los planes, programas y presupuestos destinados al desarrollo social y la sustentabilidad y sostenibilidad que demanda la Agenda 2030.
“Esto será posible en la medida que sean consideradas las propuestas incluidas en el presente documento y en las alianzas y sinergias que logremos establecer en el mejor ánimo y en la voluntad de cooperar solidariamente”, destacó.
Detalló que se recabaron propuestas ciudadanas enmarcadas en los grupos de derechos como son: los civiles y políticos; los económicos, sociales y culturales y ambientales; y los derechos de los grupos y personas en situación de mayor vulnerabilidad o que históricamente han sido objeto de discriminación.
Sabido Santana detalló que para realizar la agenda se realizó un diagnóstico situacional de los derechos contemplados en el eje abordado y se agruparon las propuestas de acción ofrecidas por las organizaciones, ciudadanos participantes en las mesas de análisis y en las aportaciones por escrito enviadas a través de la plataforma.
Y finalmente, un sistema de monitoreo definido por la competencia de cada institución y los resultados derivados de su actuación prueba de su cumplimiento.
En el primero de los tres ejes en el que están considerados los derechos civiles y políticos y libertades fundamentales, los participantes coincidieron en que se deben garantizar los derechos a la integridad personal y seguridad pública, el acceso a la justicia, siempre ponderando la reparación integral del daño a las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos; promover el disfrute pleno de las libertades, como lo son la libertad de tránsito, reunión y asociación, la libertad de expresión y de participación ciudadana, la libertad personal, entre otras; el derecho a la igualdad, al trato digno y a la no discriminación; el derecho a la información, a la privacidad y a la protección de datos personales, mediante la prestación de un servicio público honesto, eficaz y eficiente.
En el segundo eje, en el que se enmarcan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, las reflexiones y aportaciones coincidieron acerca de la importancia que tiene hoy más que nunca el derecho a la protección de la salud y la preservación de la vida, poniendo especial énfasis en la salud mental y la nutrición infantil; así también, se remarcó la importancia del derecho a la educación, su vigencia y garantía, en todos sus ámbitos, siendo enfático el llamado para hacer frente a las dificultades y riesgos que tiene la garantía ambos derechos, salud y educación, de niñas, niños y adolescentes en situación de confinamiento. Mediar entre los desafíos que tiene la sostenibilidad y la sustentabilidad frente al progreso y el desarrollo económico y tecnológico, priorizando el derecho que tenemos como género humano a un ambiente sano, sin riesgos, limpio y sostenible.
Además, fueron reiteradas las propuestas para considerar la planificación y el desarrollo urbano basado en el diseño universal y los términos necesarios para garantizar la accesibilidad de condiciones para todas y todos. Asimismo, fue manifiesta la urgencia de dignificar el trabajo, el cual permita la inclusión y las condiciones de vida dignas para todo tipo de trabajador o trabajadora, conciliando las dinámicas familiares con lo laboral.
Un tercer eje, en el que fueron considerados los derechos de grupos en situación de mayor vulnerabilidad, se coincidió en la necesidad de empoderar a las mujeres, a las personas mayores, las personas con discapacidad, a los pueblos originarios y personas indígenas y afromexicanas, las personas migrantes, a las personas privadas de su libertad, las personas que viven con VIH o SIDA, aquellas pertenecientes a la comunidad LGBT y +, siempre reconociendo en cada una de ellas las causas estructurales que han motivado discriminación y violencia en su contra. Si somos más conscientes de sus necesidades y demandas, podremos poner un freno a las violencias y a la discriminación que han padecido históricamente.
En su participación la Co-Directora del Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad-CEJUDI, María Paula Balam; el Coordinador Académico de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Hispano, Alaan Cardeña Marrufo; y el Presidente de Construyendo Vínculos, Jesús Campos Hernández coincidieron en la importancia de la participación de la sociedad civil en la Agenda, por lo que esperan sea adoptada e incluida por las autoridades.
En su mensaje, el representante del Gobierno de Yucatán, José Carlos Puerto Patrón destacó que la Agenda de los Derechos Humanos permitirá fortalecer la política pública de reinserción social, la cultura de legalidad y de paz social en el Estado; contribuirá al actual sistema de formación de las personas servidoras públicas; incentivará la adopción de prácticas de un gobierno abierto; promoverá mecanismos de participación ciudadana e inclusión laboral; coadyuvará en la creación de mecanismos legales que garanticen el respeto a los derechos humanos, a un trato digno y sin discriminación.
“Es importante destacar el trabajo y el esfuerzo realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán al realizar todos los trabajos para que la agenda en la materia sea una realidad y tenemos la convicción de que los esfuerzos brindarán a las dependencias e instituciones públicas y a la ciudadanía certeza, respeto, promoción y protección de los Derechos Humanos en el Estado”, indicó.