La historia de que lo ocurrió en Ayotzinapa es trágica en todos los sentidos, principalmente por los 43 jóvenes que ese día perdieron la vida, en segundo lugar, porque fueron fuerzas policiales municipales las que entregaron a los jóvenes al crimen organizado para que los asesinaran y, en tercer lugar, por la infiltración del crimen organizado en el poder político, después se sabría que tanto el presidente municipal del PRD José Luis Abarca y su esposa tenían nexos con el crimen organizado. Lo que queda claro con el caso es que hay municipios donde el poder se concentra en el crimen organizado y no en las autoridades establecidas.
Jesús Murillo Karam, en aquel momento Procurador General de República, fue el encargado de atraer el caso. La PGR señaló que la violación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada era elemento suficiente para que la institución ejerciera su facultad de atracción para investigar el caso. Este evento marcó el principio del fin para el procurador que trató de cerrar lo más pronto la investigación de este caso, que había generado criticas severas sobre la devaluada gestión del presidente Enrique Peña Nieto.
Murillo Karam trató de cerrar la investigación del caso señalando que la verdad histórica de la tragedia se dio ese día por la noche, donde policías municipales entregaron a los estudiantes a miembros del crimen organizado, los cuales los asesinaron y quemaron sus cuerpos en el basurero de Cocula, algunos de esos restos fueron arrojados al rio, mientras que el resto se convirtieron en cenizas, es versión fue cuestionada por los padres de los estudiantes y por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigó el caso.
Los cuestionamientos a esta versión fueron los siguientes: resultaba poco creíble que los cuerpos pudieran ser calcinados en esas condiciones y convertidos en cenizas en tan poco tiempo, que las declaraciones de los detenidos por el caso fueron obtenidas en base a tortura y que fuerzas federales habían alterado la escena del crimen por lo que no se podía tener certeza de los resultados de esta verdad histórica.
Desde que se suscitaron los hechos diferentes grupos señalaron que la tragedia fue un crimen de Estado y como tal a los que se debía detener era a los funcionarios encargados de realizar la investigación, entre los más importantes se encuentra Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio director de la Agencia de investigación criminal, hoy prófugo de la justicia.
La acusación hacia Murillo es cuestionable, ya que por un lado, de lo que se le acusa a este funcionario es de proteger a los autores materiales del crimen que incluye a fuerzas del Estado, sin embargo, el cuestionamiento principal hacia Murillo tendría que ser por la forma en la que se integró la investigación, el no investigar con mayor detenimiento antes de determinar que los estudiantes fueron quemados en el basurero, el no seguir el debido proceso, esos tendrían que ser los puntos clave sobre los que debería versar la acusación hacia el exprocurador.
Los cargos por los que se le acusa al exprocurador son: tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia, el que la Fiscalía pueda demostrar que Murillo cometió estos delitos será una situación compleja, demostrar que el exprocurador ordenó la tortura, desapareció a los estudiantes diez días después de que la PGR tomó el caso, no es un tema sencillo de probar y como en otras ocasiones, la Fiscalía tendrá que mostrar que tiene un caso sólido, sobre todo cuando la principal prueba son los dichos de colaboradores del exprocurador. La realidad es que si se busca verdaderamente justicia a Murillo se le tendría que castigar por hacer mal su trabajo y no por una serie de delitos que a ese nivel será difícil probarle.
Con esta detención lejos de conocer lo que realmente ocurrió, parece que lo que se pretende es hacer un show de este caso, ese espectáculo en el que se castiga a los enemigos del régimen, en el que la procuración de justicia se utiliza como un arma para saldar viejas cuentas. El principal detenido es el exprocurador, ni autoridades estatales ni municipales del PRD, con excepción del matrimonio Abarca, han sido detenidas.
El escuchar a Alejandro Encinas decir que no hay indicio de que los 43 se encuentren con vida es lamentable, porque esa no fue la promesa del grupo que hoy se encuentra en el poder, al grito de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, sacaron raja política del caso y lejos de que hoy haya mejorado la procuración e impartición de justicia en México, hoy se demuestra que la justicia pronta y expedita sigue estando al servicio del más poderoso, nada diferente a lo que se hacía en el pasado y que el régimen actual dice que ya desterró.
Iván Arrazola. Colaborador de Integridad Ciudadana, Doctor en estudios Científico-Sociales con mención en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO. México). Especialista en participación ciudadana, cultura de paz, democracia subnacional y gobierno abierto. @ivarrcor @Integridad_AC https://www.integridadciudadana.org.mx/
