La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la destitución y consignación del presidente Municipal de Coacalco, estado de México, Erwin Castelán por incumplir con una sentencia de amparo en materia laboral.
Del mismo modo, la Corte ordenó ayer la destitución y consignación del presidente municipal de Paraíso, Tabasco, Bernardo Barrada Ruiz y los 11 regidores del ayuntamiento, por desacato a una sentencia judicial que ordenó el pago de mas de 95 millones a 23 trabajadores despedidos injustificadamente.
Durante la sesión de hoy, los ministros ordenaron también la consignación del ex edil de Coacalco, David Sánchez, a quien también encontraron responsable del incumplimiento de la sentencia que ordenaba el pago de más de cuatro millones de pesos a un exempleado.
En la misma sesión, los ministros ordenaron separar del cargo y consignar a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Tlacotepec Benito Juárez, Puebla, es decir, al presidente Municipal, síndico y regidores.
En este caso, la SCJN ya había ordenado una indemnización al quejoso derivada de una expropiación pero el Ayuntamiento no cumplió, por lo que el ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, destacó que se trató de un doble incumplimiento. Por ello, señaló que la ley obliga al máximo tribunal a tomar este tipo de medidas contra quienes incumplen las resoluciones judiciales.
La Corte había ordenado ayer la destitución y consignación del presidente municipal de Paraíso, Tabasco, el perredista Bernardo Barrada Ruiz y los 11 regidores del ayuntamiento, por desacato a una sentencia judicial que ordenó el pago de mas de 95 millones a 23 trabajadores despedidos injustificadamente.
Al resolver el incidente de inejecución de sentencia 105/2017, los ministros ordenaron también la consignación de la anterior integración del ayuntamiento que encabezó Jorge Alberto Carrillo Jiménez.
En total son 22 las personas que deberán enfrentar cargo ante un juez de Distrito y podrían ser sentenciados a penas de hasta 10 años de prisión. Los ministros consideraron que los sancionados incumplieron con la sentencia dictada el 30 de agosto de 2013, por el juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Octava Región, en auxilio del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Tabasco.
(Con información de El Financiero y El Universal)
