La actual administración federal mantiene vigente el espíritu de Ley de Comunicación Social, promulgada en el 2018 por el gobierno de Enrique Peña Nieto, a pesar de haber sido declarada inconstitucional por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y criticada por organizaciones sociales.
Desde su presentación en el sexenio pasado, se dieron las observaciones a la misma, como fue el caso de Propuesta Cívica que considera “establece condiciones que violan de forma indirecta la libertad de expresión, pues genera espacios de discrecionalidad a las autoridades para contratar publicidad oficial a medios afines al gobierno”.
Pero lo anterior no ha sido un obstáculo para que el actual gobierno federal mantenga en la práctica el espíritu de la mencionada normatividad.
Para Artículo 19 y Fundar, “la ausencia de reglas claras para la asignación y distribución de la publicidad oficial es un tema pendiente en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aún con la Política de Comunicación Social presentada el 17 de abril del 2019, persisten los vicios y malas prácticas como la concentración y discrecionalidad en la asignación presupuestaria y la desigualdad en la distribución”.
El caso de La Jornada es sólo un ejemplo de esta situación.
Respecto al segundo año de la actual presidencia de república, ambas organizaciones reiteraron el diagnóstico negativo: “ambas administraciones (la lopezobradorista y la de Peña Nieto) tienen en común la persistente ausencia de reglas claras de asignación y distribución de la pauta oficial. Esto se mantiene como una mala práctica, ya que permite la concentración del gasto en un pequeño grupo de medios de comunicación o que la mayoría del gasto sea ejercido por unas cuantas instituciones”.
Javier Esteinou, en su columna Comunicación de la revista Siempre, consideró que “no se debe conservar un marco legislativo que sostenga un modelo de comunicación que utilice la propaganda para tratar de mantener un equilibrio político dominante, o un control social de la libertad de expresión, o justificar la falta de resultados gubernamentales, pues este paradigma ya se agotó. Gobernar no es comunicar a través de la propaganda, sino abrir los espacios a la comunicación y darles voz a los ciudadanos para expresar sus opiniones sobre sus condiciones de vida y las alternativas para solucionarlas”.
Pero lo que vemos a diario es un intento de disfrazar la realidad con una narrativa que justifica el discurso presidencial.
Una consecuencia adicional, tiene que ver con los despidos provocados por el actual manejo de la publicidad oficial, algo que también ha generado no sólo desempleo de editores, diseñadores, reporteros o fotógrafos, sino que también ha servido para terminar contratos o dar las gracias a articulistas y columnistas que son considerados críticos del poder.
“La publicidad oficial en México, se convirtió en un mecanismo de auto legitimación del poder político y, a la vez, operó como un instrumento para sujetar a los medios de comunicación. Con el ejercicio de recursos públicos, que se manejan discrecionalmente y con frecuencia sin ninguna rendición de cuentas, los gobernantes construyeron o promovieron una prensa y medios de difusión electrónicos abiertos en herramientas condescendientes y, sobre todo, anodinos”, apunta Raúl Trejo Delarbre en su texto Abolir la publicidad oficial, algo que vemos continua en el actual sexenio pese a promesas o a discursos oficiales que hacen énfasis en el “no somos lo mismo”.
Armando Reyes Vigueras
armando.reyesvigueras@gmail.com
Periodista
