Los problemas del Mecanismo Federal para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas son muchos, y van desde la falta de coordinación institucional hasta la carencia de recursos económicos y humanos, lo que llega a costar vidas, consideró Reporteros Sin Fronteras (RSF).
En un documento titulado Bajo riesgo. Cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina, RSF analiza los programas gubernamentales que cuatro países (Brasil, Colombia, Honduras y México) dedican a los comunicadores.
En el caso de México, uno de los principales problemas del mecanismo está en la Junta de Gobierno, en el que órganos federales como la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tienen una participación limitada, además de que no tiene un compromiso efectivo con la política de protección. Ello hace que el mecanismo tenga una capacidad operativa restringida.
El documento señala también que hasta los inicios de 2020, únicamente 12 estados habían creado una Unidad Estatal de Protección, varias sin los recursos para operar, por lo que ello “no se refleja en el día de los equipos de trabajo, ni en la atención a los defensores y periodistas”.
En el informe también se reconoce que la contratación de Servicio de Protección Federal para ofrecer escoltas a los periodistas amenazados hace que estos no queden totalmente inseguros, pero no hay perspectivas para hacer realidad una protección integral.
Además, en ese sentido los escoltas privados no se encuentran capacitados para trabajar con los periodistas y los defensores de los derechos humanos, por lo que también se requiere darles una mejor formación.
Otra situación grave para la situación de los periodistas es la falta de compromiso de las autoridades estatales, más si se toma en cuenta que buena parte de las agresiones contra ellos provienen de agentes de las fuerzas de seguridad.
Además, el documento muestra varios casos que demuestran la falta de coordinación institucional y la carencia de celeridad para implementar las medidas aprobadas por la Junta de Gobierno del mecanismo, tardanza que ya ha cobrado vidas.
Acerca del catálogo de medidas de protección se resalta el botón de asistencia, el que ha presentado problemas tecnológicos o de falta de respuesta.
Los problemas del mecanismo también incluyen los de falta de medidas de seguridad digital y de atención a la salud mental, lo que afecta a quienes son víctimas de amenazas de muerte y de agresiones físicas.
Por lo anterior se ha propuesto reformar tanto la Constitución como la legislación de forma que se establezca una Ley General de Protección, de manera tal que quede clara la corresponsabilidad que debe haber entre las autoridades de distintos niveles y órdenes y así el mecanismo adquiera mayor fuerza institucional.
Pero, sobre lo anterior, se advierte que podría trasladarse la responsabilidad de la protección a los estados y desobligando al mecanismo federal, que debe estar en el centro, por lo que el proceso para construirlo debe ser muy participativo.
Un problema grave del mecanismo es el tiempo que debe pasar para que un periodista sea incorporado, lo que puede llevar hasta un año, por lo que es necesario agilizar el análisis de los casos y la toma de decisiones.
RSF también señala que también hay influencias políticas a la hora de conceder las medidas de protección a los periodistas, ya que hay casos en que es elevado el costo de negarlas a periodistas con mayor potencial de crítica pública, aunque su riesgo sea menor que el de otros colegas.
La cantidad de personal que trabaja en el mecanismo es a todas luces insuficientes: en 2021, 45 personas atendían a mil 459 beneficiarios. Al respecto RSF anota: “Cuesta creer cómo, tras el crecimiento constatado de casos en los últimos cinco años –un salto desde los 358 a los 1.459, incluidos hasta junio de 2021–, la agencia aún no ha colapsado”.
Además, esos funcionarios carecen de la preparación y la sensibilidad necesarias para tratar con los periodistas y defensores que son víctimas, y sean capaces de entender la presión que padecen.
Entre las recomendaciones que RSF presenta para el caso del mecanismo de México destacan las siguientes: ampliación del compromiso de órganos federales, estatales y locales; mayor participación de autoridades federales en la Junta de Gobierno; desarrollo del Sistema Nacional de Prevención y Protección, así como apoyo económico a beneficiarios.
Además, reforzar las visitas presenciales para análisis de riesgos, mejora de protocolos de emergencia, ampliación del presupuesto, brindar apoyo psicosocial, así como el desarrollo de campañas sobre el funcionamiento del mecanismo.
