Integrantes de la Red Nacional de Alertistas, Justicia Pro Persona y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) afirmaron que las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) no pueden seguir siendo mecanismos que existan únicamente «en el papel», por lo que llamaron a los gobiernos federal, estatales y municipales a garantizar su funcionamiento para que recuperen su carácter de acción urgente para proteger la vida de las mujeres.
En conferencia de prensa, María de la Luz Estrada, directora del OCNF; Marina Reyna Aguilar, de la Red Nacional de Alertistas; y Ana Yeli Pérez, directora de Justicia Pro Persona, señalaron que la falta de actualización del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), obligación legal incumplida desde hace cuatro años, ha obstaculizado la aplicación de las 26 Alertas de Violencia de Género vigentes en el país.
Indicaron que esta omisión mantiene procedimientos poco claros, genera discrecionalidad en la actuación de las autoridades y retrasa la implementación de medidas urgentes para proteger la vida y la seguridad de mujeres, adolescentes y niñas.
Ante esta situación, el OCNF promovió un juicio de amparo. Al respecto, María de la Luz Estrada informó que obtuvieron una resolución favorable del Poder Judicial, mediante la cual se ordena a las secretarías de las Mujeres y de Gobernación reanudar los trabajos para actualizar dicho reglamento.
Integrantes de la Red Nacional de Alertistas, Justicia Pro Persona y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) afirmaron que las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) no pueden seguir siendo mecanismos que existan únicamente «en el papel», por lo que llamaron a los gobiernos federal, estatales y municipales a garantizar su funcionamiento para que recuperen su carácter de acción urgente para proteger la vida de las mujeres.
En conferencia de prensa, María de la Luz Estrada, directora del OCNF; Marina Reyna Aguilar, de la Red Nacional de Alertistas; y Ana Yeli Pérez, directora de Justicia Pro Persona, señalaron que la falta de actualización del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), obligación legal incumplida desde hace cuatro años, ha obstaculizado la aplicación de las 26 Alertas de Violencia de Género vigentes en el país.
