Encarcelada por delitos fabricados, violaciones al debido proceso o en espera de sentencia: treinta por ciento de la población de penitenciarias en CDMX
“En este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza” es una frase del maestro José Revueltas, plasmada en uno de los muros de su celda durante su cautiverio en la extinta cárcel de Lecumberri, mejor conocida como El Palacio Negro, por causa de su activismo en el movimiento estudiantil de 1968.
La frase fue escrita hace más de cincuenta años, y hoy sigue vigente. Para muestra un botón: de acuerdo con datos de la Comisión Interdefensora de Derechos Humanos en Centros Penitenciarios A.C., de las cerca de veintisiete mil personas que se encuentran privadas de su libertad en alguna de las cárceles de la Ciudad de México, al menos ocho mil cien (treinta por ciento del total) son inocentes, pero están recluidas porque se les fabricaron delitos, llevan años esperando sentencia o purgan sentencias excesivas.
María tiene 34 años. Es madre de dos pequeños. Está en reclusión desde hace tres años en espera de su sentencia. Su madre, persona de la tercera edad, se hace cargo de las necesidades de los menores.
Los números son fríos. Quienes han sido víctimas de las deficiencias del sistema de procuración de justicia ofrecen testimonios desgarradores, verdaderas pesadillas vinculadas con el ámbito carcelario que han traído como consecuencia la disolución familiar, la pérdida del patrimonio acumulado durante varias generaciones y, casi siempre, la hipoteca de la salud y la tranquilidad de quienes se ven arrastrados por la corriente arrasadora que se genera en torno al familiar que está en prisión.
La Comisión expone que las personas que se encuentran privadas de su libertad, en su gran mayoría, “son aquellas de menos recursos económicos, que no han tenido acceso a una defensa adecuada y que por tanto son víctimas de una discriminación constante en el transcurso de los procesos penales que siguen”.
Aunado a la discriminación para quien busca justicia, también se encuentra la politización y la fabricación de delitos como causas frecuentes para que un creciente número de inocentes continúe privado de su libertad. La impartición de justicia y el Estado de Derecho parecen más ajenos cada día en nuestro país.
Rosalía está recluida desde hace más de cinco años. Dice que la parte acusadora es una persona influyente que aportó dinero para la fabricación de un delito por el que recibió una condena de veinte años de prisión.
Durante décadas, la Comisión Interdefensora de los Derechos Humanos en Centros Penitenciarios ha sido la voz de las Personas Privadas de la Libertad; apoyada en el espíritu de justicia del Estado, se ha pronunciado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal constitucional del país; la Presidencia de la Republica; la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y la Jefatura de Gobierno de la CDMX para exponer los agravios en contra de mujeres y hombres que se encuentran privados de su libertad injustamente, ya sea por actos erróneos de la autoridad u omisión.
Josefa se vio involucrada en un delito cometido por su pareja sentimental. El patrimonio familiar de ella (una casa, dos terrenos y un vehículo) se esfumó en los costes de un abogado. Pese al dinero invertido, ella recibió una sentencia de quince años de prisión. Su familia no quiere saber nada ella.
Frente a este escenario, cabe reiterar la urgencia de un esquema para la revisión exhaustiva y ágil, caso por caso, de las personas encarceladas injustamente, a fin de posibilitar el beneficio de la preliberación y su pronta reinserción social.
Son preocupantes las equivocaciones de algunos órganos del Estado en el ejercicio de sus funciones judiciales, así como las fallas en los procesos contra los imputados, lo que ha ocasionado una cadena de errores judiciales que violan flagrantemente los Derechos Humanos reconocidos en los acuerdos y tratados internacionales de los que México forma parte.
Debido a que en México no existe la figura del error judicial, para la resolución específica de esta problemática, la Comisión ha propuesto a las instancias arriba mencionadas la conformación de un consejo ciudadano y una mesa de diálogo para que la propia sociedad participe activamente en el desarrollo de políticas públicas específicas para la atención de las personas en reclusión por delitos no cometidos, y en su reinserción social.
Lo anterior demuestra que, pese a las deficiencias en la impartición de justicia, en nuestro país es posible trabajar con el apoyo de la sociedad civil organizada a fin de lograr cambios estructurales que propicien una eficiente administración de la justicia, en especial para los más vulnerables, con quienes el Estado tiene el compromiso de resarcir los daños causados por la aplicación incorrecta de la ley, a fin de estimular el auténtico bien común.
Mariana Moguel Robles
moguelroblesm@gmail.com
