La diputada morenista Reyna Celeste Ascensio Ortega presentó una iniciativa de reforma para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sólo no pueda declarar la invalidez sino hasta hacer interpretación de normas constitucionales. Varios abogados criticaron la propuesta y hasta la calificaron de “absurda”.
Este martes apareció en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa de la legisladora de Morena, por la que propone una reforma del artículo 1 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional.
Debe recordarse que en la reciente discusión sobre la prisión preventiva oficiosa se debatió si la SCJN podría declarar la invalidez de una norma constitucional. Justamente la iniciativa busca restringir la posibilidad de que el máximo tribunal del país “pueda invalidar la Constitución, o decretar la invalidez de leyes con base en la apreciación de que alguna norma constitucional es inválida”.
La exposición de motivos señala claramente que la iniciativa está enderezada a “limitar el poder político de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, ya que puede “caer en la tentación de inaplicar un precepto constitucional o interpretarlo de tal manera que le resten validez y eficacia”.
La iniciativa niega que la SCJN pueda invalidar un precepto constitucional porque, de otra forma, “en forma ilegítima quien tendría la supremacía sería la Corte y no el texto constitucional que se define por el pueblo”.
En el documento de la iniciativa se reproducen parte de las intervenciones de Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Alberto Pérez Dayán en el reciente debate sobre la prisión preventiva oficiosa en el Pleno de la SCJN.
Así, la propuesta añadiría el siguiente fragmento al artículo mencionado arriba: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación estará impedida para invalidar normas constitucionales o para realizar interpretaciones que restrinjan su validez, así como invalidar leyes con motivo de lo anterior”.
Sobre la diputada Ascensio Ortega debe recordarse que en febrero de este año presentó una iniciativa para reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta para que organizaciones civiles que reciban recursos del extranjero no puedan realizar cabildeo ni litigio estratégico. En abril de 2021 presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República para que investigaran el financiamiento de Latinus, y en marzo de ese mismo año una modificación a la Ley de Amparo para que no se concedieran suspensiones a la austeridad republicana en materia de remuneraciones. Además, antes había presentado otra iniciativa para eliminar la facultad del Instituto Nacional Electoral para realizar modificaciones durante el proceso electoral.
En Twitter, Javier Martín Reyes, abogado constitucionalista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, calificó la iniciativa como “absurda” ya que “si la @SCJN tiene facultades para controlar normas constitucionales es por mandato de la Constitución. Y, es obvio, ninguna reforma legislativa puede violar mandatos constitucionales. Increíble que no entiendan cuestiones tan elementales”.
El senador Emilio Álvarez Icaza tuiteó lo siguiente respecto a la iniciativa: “#Morena y aliados creen que el Poder Legislativo está por encima del Judicial. Así como hoy buscan impedir que interprete y resuelva lo conducente ante decisiones inconstitucionales, también pretendió maniatar al @TEPJF_informa cuando dio la razón al @gpplural. No pudieron”.
A su vez, Juan Jesús Garza Onofre, del mismo instituto de la UNAM, también tildó de “absurda” la iniciativa, y añadió que “no deja de sorprender que cada semana, sin falta, hay un nuevo escándalo jurídico con esta administración. La relación de la 4T con el Derecho es delirante”.
El jurista Alfonso Herrera, de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, consideró al respecto: “Que el legislativo ‘prohiba’ lo que un tribunal puede, o no, ‘invalidar’ es inconstitucional. Por cierto, la Constitución no puede ‘invalidarse’ por nadie. Por lo cual, pretender prohibirlo es, además, ocioso”.
Para César Astudillo, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, la iniciativa tiene un trasfondo político: “Lo que subyace a la reforma que busca limitar a la SCJN es la intención de que nada detenga una pretendida transformación que, de ir contra la Constitución terminará siendo una histórica transformación inconstitucional”.
Según Luis Rodríguez Alemán, especialista en derecho fiscal, “esto que propone MORENA es gravísimo. Esta iniciativa busca restringir las facultades que expresamente le otorga la constitución a la #SCJN, limitando el control constitucional de las leyes”.
Paola Zavala Saeb, abogada y activista de derechos humanos, anotó: “Quieren restringir la facultad interpretativa de la @SCJN. Las dimensiones de esto son tremendas A ver si la Corte sigue sosteniendo que no puede ser inconstitucional la Constitución”.
