De acuerdo con datos del Sistema de Información Legislativa (SIL), en el Senado de la República y la Cámara de Diputados se presentaron durante los últimos tres años al menos nueve proyectos de Ley de Propaganda Gubernamental (o publicidad oficial), cinco de los cuales fueron desechados, tres se mantienen congelados y uno fue descartado.
Senadores y diputados bloquearon al menos nueve proyectos para regular la publicidad oficial, pese a que la reforma en materia político-electoral que ellos mismos aprobaron en diciembre de 2013 establecía en un artículo transitorio que dicha ley debía ser promulgada a más tardar en abril de 2014.
Recientemente la Suprema Corte tuvo inclusive que ordenar al Congreso enmendar esa omisión: “la ausencia de esta regulación (a la publicidad gubernamental) propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social“, lo que constituye “un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión, claramente proscrito por la Constitución”.
Asimismo, dicha omisión legislativa “propicia que la política de gasto en comunicación social canalice los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del Gobierno y niegue el acceso a esos recursos -o simplemente se amenace con restringirlo- a los medios de comunicación que son críticos con las políticas del Gobierno”.
El transitorio de la reforma política de 2014 era claro en que la ley reglamentaria debía “garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos”, en todos los niveles de Gobierno.
Casi cuatro años después, el Congreso no ha expedido la ley y los gobiernos federal y estatales siguen gastando montos que usualmente rebasan los presupuestos autorizados, con criterios que no son públicos y, por ende, no pueden ser sometidos a un análisis crítico de la sociedad.
En los últimos tres años, la Cámara de Diputados recibió siete proyectos para regular la propaganda gubernamental, de los cuales tres fueron presentados por legisladores del PRD; dos por los de Morena; uno por Movimiento Ciudadano MC; y otro más promovido desde la bancada de Nueva Alianza.
Sin embargo, de todos los proyectos presentados por la oposición, ninguno logro el primer trámite legislativo: análisis y dictaminación. De las siete iniciativas, tres fueron desechadas sin explicación; tres están pendientes en las comisiones de Gobernación, Transparencia y Anticorrupción; y una fue retirada por su promovente, luego de que las comisiones a donde fue turnada argumentaran “una excesiva carga de trabajo”.
En el Senado de la República también hubo omisión para promulgar una regulación sobre propaganda gubernamental. En marzo de 2014, tres meses después de la aprobación de la reforma político electoral, senadores del grupo parlamentario del PRD suscribieron un proyecto que establecía reglas para la asignación clara, objetiva, transparente y no discriminatoria de contratos para la prestación de servicios de difusión de propaganda gubernamental.
Sin embargo, pese a la obligatoriedad de expedir esta ley secundaria, el proyecto fue desechado el 18 de mayo de 2015, tras estar más de un año en las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia y Estudios Legislativos.
En noviembre de 2014 se presentó una segunda iniciativa; en esta ocasión fueron PAN y PRD que sumaron esfuerzos para expedir una ley que entre otros puntos, proponía la creación de un Consejo Ciudadano fiscalizador de la propaganda gubernamental, el cual sería responsable del seguimiento, supervisión y evaluación de las políticas de propaganda gubernamental, así como de los procesos de contratación y difusión.
Sin embargo las bancadas conjuntas de PAN y PRD no pudieron lograr que la iniciativa se dictaminara en las comisiones ya referidas, las que la desecharon en noviembre de 2016.
Hace menos de dos meses, en noviembre de 2017, una nueva iniciativa fue anunciada por el coordinador de los senadores perredistas, Luis Sánchez Jiménez, quien aseguró que el proyecto de Ley General de Propaganda Gubernamental pretende acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre publicidad oficial.
Dicha iniciativa toma como referencia proyectos presentados por el PRD desde noviembre de 2012 y se actualiza tomando los criterios emanados de organizaciones civiles. Establece criterios que delimitarán la repartición de presupuesto con la finalidad de acabar con la asignación discriminatoria de recursos en pocos medios de comunicación; evita que los gastos se concentren en una sola dependencia, además de establecer reparto justo y controlado de la asignación.
Recupera la idea de que la asignación publicitaria gubernamental sea vigilada y regulada mediante un consejo autónomo del Ejecutivo federal y de los estatales. También detalla mecanismos para la contratación que sean transparentes, pues los sujetos obligados proporcionarían un informe anual sobre cómo destinar los recursos que asignan a los medios de comunicación.
(Con información de La Silla Rota, La Jornada y Quadratin)
