El “plan b” de AMLO será la reforma más impugnada de la historia. Tan solo en lo que se refiere a la mañosa “interpretación” de propaganda gubernamental, que es la primera parte de dicho paquete de reformas, se cuentan cerca de dos centenares de recursos jurídicos presentados, a los que seguramente se sumarán decenas de miles de escritos de amicus curiae que interpondrán organismos de las sociedad civil y ciudadanos en lo individual. Todas las impugnaciones se acumularán, para su desahogo y sentencia, en el expediente AI-29/2023 (que corresponde a la Acción de Inconstitucionalidad presentada por el PRD, que fue la primera en tiempo).
Al cierre del plazo legal de las impugnaciones contra esta parte del “plan b”, que incluyó reformas a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas promulgadas el 27 de diciembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió 178 impugnaciones. Entre ellas, 171 controversias constitucionales fueron presentadas por el INE y por decenas de municipios, y siete son las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por partidos de oposición y minorías parlamentarias. Este número es independiente de las impugnaciones que ya empezaron a presentarse contra la segunda parte del “plan b”, cuyo plazo de interposición vencerá hasta principios de abril.
El INE y las autoridades municipales impugnaron la invasión de sus facultades constitucionales en relación a la propaganda gubernamental, en tanto que las oposiciones denunciaron la violación a los principios de equidad en la contienda entre partidos y candidatos, así como el principio de imparcialidad que, de acuerdo a la Constitución, el gobierno debe observar ante las elecciones.
En el centro del litigio está el concepto de propaganda gubernamental. Como se sabe, previo al “plan b”, López Obrador fracasó en su intento de reformas a la Constitución que, entre otras cosas, pretendía quitar del artículo 134 las normas a que deben sujetarse todos los niveles de gobierno en materia de propaganda. Gracias a tal fracaso, este artículo sigue ordenando que la propaganda gubernamental debe ser institucional, de carácter informativo, y no debe incluir promoción personalizada de los servidores públicos, proselitismo a favor de partidos o candidatos, ni ataques contra opositores. También quedó a salvo el artículo 41 constitucional, que ordena la suspensión de la propaganda gubernamental durante las campañas electorales y de consulta.
El caso es que estos ordenamientos constitucionales son violados constante y recurrentemente por AMLO y los gobiernos de Morena, razón por la cual han pretendido con insistencia su modificación para que la Ley se ajuste a su conducta reincidente y contumaz. Esto explica el que la iniciativa presidencial haya incluido la incorporación de una definición mañosa de lo que es la propaganda gubernamental (artículo 4, fracción VIII-Bis de la Ley General de Comunicación Social). Ésta permitiría que la propaganda gubernamental se siga difundiendo durante las campañas electorales y de consulta, la promoción personalizada de los servidores públicos y el que éstos sigan haciendo actos anticipados de campaña, sin que tales infracciones tengan mayores consecuencias.
Ya en el año 2022, la mayoría morenista en las cámaras intentó esta maniobra a través de una absurda “interpretación legislativa” que prontamente fue derrotada en los tribunales. Con motivo de aquella intentona, la propia SCJN declaró inválido el mismo texto que, nuevamente y por instrucciones de AMLO, los mismos levantadedos aprobaron neciamente. Las y los ministros de la Suprema Corte debieran ratificar su criterio, estableciendo sin dudar que es inconstitucional el concepto de propaganda gubernamental aprobado en el “plan b”.
Cincelada: Con Nayeli Roldán, se pasó de lanza el inquilino de Palacio Nacional. Incapaz de afrontar un serio cuestionamiento periodístico, se dio al insulto y a la calumnia contra la periodista.
RAFAEL HERNÁNDEZ ESTRADA
Fundador y consejero nacional del PRD, fue su diputados federal y representante electoral. Se desempeña como asesor parlamentario y analista político.
