Se miente haciendo uso de las palabras, y también se puede ser congruente; es decir, puede existir una relación coherente y lógica entre lo que se dice y lo que se hace. En este caso, estamos frente al mejor escenario posible para entablar una relación de confianza entre seres racionales: el que actúa como pregona es una persona de fiar.
Tras esta breve introducción hagamos referencia a los narcobloqueos y el clima de violencia en Guanajuato y Jalisco del pasado nueve de agosto. Hemos escuchado hasta el cansancio que “vamos bien” de labios del propio presidente López Obrador, quien ha demostrado ser un experto en atajar cualquier tipo de cuestionamiento que ponga en duda la eficacia de su gestión en cualquier tema: económico, laboral, salud, educación, seguridad…
A pesar de lo que pueda argumentarse y contra argumentarse, la realidad siempre desmentirá a las palabras huecas. Lo cierto es que, en los hechos, hay que reconocer que este gobierno ha sido congruente en algo: la Constitución y las leyes que de ella emanan nunca serán un impedimento para cumplir ciegamente la voluntad unipersonal del titular del Ejecutivo. Tampoco importan las consecuencias.
En este espacio hemos ilustrado con datos duros el ambiente de inseguridad y violencia desbordada que priva en México: homicidios dolosos, ejecuciones y feminicidios, por mencionar algunos tópicos. Los mexicanos hemos constatado diariamente que lo que menos interesa a nuestro gobierno es la solución de las problemáticas nacionales. El ciudadano de a pie es quien paga los platos rotos.
Empantanados en una retórica que pretende, a fuerza de demagogia, imponer más que solucionar, el gobierno ha descuidado la tarea fundamental de informar para crear consensos. En una de esas y hasta pudieran tener un poco de razón. Pero lo suyo es el oscurantismo y la trifulca de cantina. La administración del presidente López Obrador está atrapada en su propio discurso de tirios contra troyanos. A fin de cuentas, el juego de las vencidas ha resultado efectivo si se trata de controlar la agenda nacional y desviar la atención sobre el incumplimiento de los deberes del gobierno.
A poco más de dos años de concluir la administración del Ejecutivo, de poco ha servido el respaldo amplio del Poder Legislativo que tiene el gobierno. El gobierno está a gusto provocando escándalos: escándalo es su nombre. Ellos son sus propios enemigos. Sigue empeñado en su llamada “transformación”, más idealista y procrastinadora que efectiva en la atención de lo urgente, mientras el país se desangra. No construye el futuro atendiendo el presente. Ahora invierte ocurrentemente sus esfuerzos y reitera su vocación autoritaria, pues otra vez pretende saltarse la ley, empeñado a toda costa en erigirse un pedestal para su efigie en el parque de la historia nacional.
Para lograr este objetivo, el presidente emitió un acuerdo para que la Guardia Nacional, creación suya, termine de adscribirse a la Secretaría de la Defensa Nacional. En México tenemos una militarización en los hechos que busca legalizarse por decreto o reformando las leyes secundarias, a fin de revertir el carácter civil de la Guardia Nacional. El acto tiene el sello de inconstitucionalidad de la casa lopezobradorista. Está por demás cuestionar qué ha sucedido con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante esta pretensión. Es deseable que, en su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúe conforme a la Constitución y no bajo consigna, consciente de que la intención del gobierno es un claro golpe militar a la Carta Magna.
La gran contradicción del gobierno es que, precisamente, cuando actuaba su papel de oposición criticó dura y permanentemente la estrategia de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Esta fue una más de las banderas de esperanza ofertadas por el candidato López Obrador que hoy yacen agujereadas por las balas de su propia incongruencia.
Hubo un cambio de opinión del presidente, sin duda, pero también es evidente que sus objetivos son estrictamente personales y contrarios a la urgente necesidad de pacificar al país y garantizar la seguridad ciudadana. Esto último puede esperar; es más, ya esperó casi cuatro años. Y se quedará esperando como novia de pueblo.
No olvidemos que, como comandante Supremo, el propio primer mandatario ha limitado la actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública que le fueron asignadas. Entonces, qué se pretende con el decretazo presidencial.
Es evidente que la estrategia es otra, una muy personal. A estas alturas, y si nos apegamos a su eslogan de “Abrazos, no balazos”, no ha reconocido —ni lo hará— que su estrategia de seguridad es y seguirá siendo un rotundo fracaso. Por tanto, justificar la militarización de la Guardia Nacional para combatir la inseguridad no es, de ningún modo, un argumento razonable.
Finalmente, cabe preguntarse por qué en esta ocasión no se consultó a la ciudadanía sobre la conveniencia de emitir un acuerdo para militarizar a la Guardia Nacional. La camiseta del demócrata y del humanista se ha deslavado. Estemos atentos al nuevo atuendo y no olvidemos lo dicho por el propio presidente: “Lo mejor es lo peor que se va a poner”.
Mariana Moguel Robles
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