En medio de la crisis por la pandemia de Covid-19 diversas dependencias federales incurrieron en fallas y anomalías, que ha reportado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe de la cuenta pública 2020. Aquellas van desde documentación incompleta hasta sobreprecios, pasando por uso de equipos de cómputo obsoletos, falta de control de materiales recibidos y contratación de personal sin los perfiles requeridos.
Respecto al proceso de vacunación y la Secretaría de Salud, la ASF encontró fallas como información incompleta y no actualizada sobre el total de vacunas recibidas, además de inconsistencias en la información de la distribución de dosis a los estados.
La ASF también encontró que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia incurrió en deficiencias en la adquisición, recepción, almacenamiento y distribución de vacunas ya que hubo diferencias en las cifras de entradas y salidas de las marca Pfizer y no se contó con toda la información de la de Astra Zeneca.
En el campo de la salud la ASF halló que en el registro de personas vacunadas con su Clave Única de Registro de Población, casi 16 por ciento no son válidas, mientras que 13.3 por ciento no se pueden identificar por falta de datos tan básicos como nombre, apellidos, fecha de nacimiento y sexo. Por ello, el órgano considera que “no es posible asegurar que la información contenida en los sistemas CVCOVID sea íntegra y confiable”.
También en lo referente a la Secretaría de Salud, se encontró que se arrendaron equipos de cómputo a la empresa Mainbit pero no se consideró su obsolescencia y depreciación. De 527 equipos de escritorio y portátiles, 156 no cumplían con los requerimientos técnicos. En materia de tecnologías de la información y comunicación hay por aclarar 45 millones 354 mil pesos.
Además, otro señalamiento grave es que la Secretaría de Salud estableció contratos con empresas “identificadas por el SAT como contribuyentes que han estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.
En lo referente al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la ASF reporta que 650 ventiladores, con un costo de 920.4 millones de pesos, no le fueron entregados, por lo que aquella dependencia inicio acciones legales. Además, tampoco ha acreditado lo ocurrido con mil 600 millones de pesos destinados a la compra, recepción y distribución de 2 mil 250 ventiladores.
El Insabi tampoco ha dado cuenta de la entrega de un millón de mascarillas KN 95, que tuvieron un costo de 40.5 millones de pesos.
El Ejército, al que el presidente Andrés Manuel López Obrador le tiene tanta fe, también presentó irregularidades en la contratación de personal, ya que hay una diferencia de 27.4 millones entre lo que se encuentra en la base de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y lo reportado como pagado, además de que se adquirieron equipos médicos con especificaciones distintas y de precios menores a los establecidos en el contrato.
En los documentos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estados se encontró que no hubo un correcto registro de los medicamentos que recibió del Insabi, además de que en dos de sus hospitales fueron adquiridos medicamentos a un precio superior que el pagado a nivel central y por el Insabi. También hubo pagos indebidos por 2.2 millones de pesos por contratación de personal que no cubría con los requerimientos del cargo.
En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no acreditó la recepción de materiales para atender la emergencia sanitaria por 4.8 millones, así como la diferencia de 8 millones entre el importe que reportó y el pago a un proveedor.
Otros puntos que deberá aclarar el IMSS son falta de documentos de expedientes de adjudicación de contratos y de distribución de medicamentos, además de diversas anomalías en la prestación subrogada de servicios médicos y hospitalarios.
