Hace unos días, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una concesión para uso comercial con carácter de red compartida mayorista para arrendar capacidad de red, infraestructura y servicios de telecomunicaciones a otros concesionarios y autorizados. A primera vista, parece algo de rutina y que no debería despertar inquietudes, el problema es que llevamos muchos años en el sector y hemos visto nacer y quebrar infinidad de proyectos como este. La ignorancia de los políticos nos tiene dando vueltas en círculo, como el perro que se quiere morder la cola. Cada seis años, llega otro bueno para nada que en su vida ha sido dueño de una miscelánea pero que se cree recipiente de brillantes ideas que, literalmente, ya se le habían ocurrido a todo el mundo… y fracasaron.
Manuel Bartlett no es la excepción, y cree que es tan fácil hacer un fraude electoral como quebrar una empresa de energía o inventarse al próximo Telmex. Más allá del hecho incuestionable de que las empresas propiedad del gobierno son ineficientes y se dedican a tirar dinero para que sus funcionarios se lleven los tan codiciados moches, imagine usted como gerente de tecnología del nuevo juguetito de Bartlett al que le niega el permiso de operación de su peluquería sin no mete el consabido sobre amarillo en el cajón que ha dejado abierto mientras pretende ir al baño. Ahora, imagine a Layda Sansores como directora de finanzas de la flamante “red de redes”.
¿Ahora entiende por qué el gobierno no debería ser dueño de empresa alguna? Disculpe la crudeza de las imágenes.
Bueno, pues el chistecito de Bartlett, bendecido por el IFT, es inconstitucional. En primer lugar, la concesión se la otorgaron a CFE y no a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, quien ya tenía una concesión para fines similares, con la ventaja de que sí puede prestar servicios finales en donde los demás operadores no lo hagan. ¿Para qué dobletear? No sé. Algún chanchullo, quizás.
En su comunicado, una vez más, el IFT pretende hacer malabares para justificar lo obvio. Están violando el artículo Décimo Quinto Transitorio de la Reforma en Telecomunicaciones y Competencia Económica, que, a la letra, dice:
“Décimo Quinto. La Comisión Federal de Electricidad cederá totalmente a Telecomunicaciones de México su concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones y le transferirá todos los recursos y equipos necesarios para la operación y explotación de dicha concesión, con excepción de la fibra óptica, derechos de vía, torres, postería, edificios e instalaciones que quedarán a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, garantizando a Telecomunicaciones de México el acceso efectivo compartido a dicha infraestructura para su aprovechamiento eficiente, a fin de lograr el adecuado ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos. Telecomunicaciones de México tendrá atribuciones y recursos para promover el acceso a servicios de banda ancha, planear, diseñar y ejecutar la construcción y el crecimiento de una robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional, así como la comunicación vía satélite y la prestación del servicio de telégrafos. Lo anterior, de conformidad con los lineamientos y acuerdos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones”.
Como puede usted ver, el pleno del IFT prefirió violar la Constitución que decirle que no a los caprichos del presidente y Bartlett. Si esto se puso en la Constitución fue para que ningún mesías llegara a inventar el agua tibia y el hilo negro, y porque la operación de una empresa de electricidad y una de telecomunicaciones son muy diferentes.
Espérense a que esta nueva concesionaria del Bienestar empiece a perder carretonadas de dinero para darle las gracias a los mini comisionados del IFT.
Gerardo Soria
