Un análisis sobre la pertinencia, convocatoria y desarrollo de este mega proyecto ante la desigualdad que sufren los pueblos originarios. El proyecto unirá a cinco estados, pero divide opiniones y precisa una revisión de fondo
Hace un año y quince días se realizó la segunda consulta ciudadana en la historia de México. La construcción del Tren Maya en el sur del país obtuvo 88.9 por ciento de votos a favor y 6.6 por ciento en contra. Pese a que en el ejercicio democrático el «sí» fue contundente, la polémica y los retos siguen envolviendo este mega proyecto, uno de los quizá más importantes del sexenio. El primer presidente de izquierda, materializaba los compromisos adquiridos en campaña. Entonces se vislumbraba el entusiasmo y la decisión férrea del mandatario para cumplir sus propósitos, mas con el paso de los días y el fin de la luna de miel, conviene, dejando aficiones políticas de lado, subirse al tren del análisis para hacer un equilibrio entre las prioridades globales y el entusiasmo de un Presidente que ama la historia y las raíces indígenas… pero que al parecer desoye a las etnias manifestantes.
¿QUÉ DICE LA ONU?
Los desafíos del presente, en un mundo que atraviesa por el proceso de la globalización y que, al mismo tiempo, padece múltiples y muy diversos problemas locales que atienden a las circunstancias de cada región, la Organización de las Naciones Unidas, dentro de su agenda, ha establecido 17 objetivos torales con la finalidad de lograr un futuro sostenible para todos.
Estas metas se interrelacionan entre sí y atienden a problemáticas como la pobreza, la desigualdad, la degradación ambiental, la violencia, la corrupción de las instituciones, el difícil acceso a la justicia, etc. La aspiración es cumplir con cada uno de estos objetivos al 2030.
No está de más mencionar que estos objetivos, como aspiraciones, resultan por demás difíciles de alcanzar en pocos años, sin embargo, es necesario que sean debidamente señalados como guías para los gobiernos del mundo.
Nos centraremos en el objetivo número 10, relativo a la reducción de las desigualdades, el cual pretende que los países que conforman la ONU apliquen políticas –en el ámbito legislativo y administrativo- que presten especial atención a aquellos grupos marginados, desfavorecidos y vulnerables.
En principio, el objetivo en cuestión se preocupa por alcanzar un mayor grado de igualdad en lo económico, lo que habrá de repercutir en el aspecto educativo, en el acceso a la justicia, a la información, etc. No obstante, consideramos que la igualdad recobra también un valor importante desde la óptica de los derechos civiles y políticos, dentro de los cuales cabe identificar el derecho de consulta previa de los pueblos indígenas, ese derecho exclusivo que tiene como propósito alcanzar una mayor igualdad en la toma de decisiones políticas en temas que puedan afectar a estas comunidades vulnerables.
En México, existen “pueblos” en tales circunstancias; nos referimos a los indígenas y al sector afromexicano. Resulta paradójico cómo en un país con una riqueza cultural envidiable, cuya sociedad es plural y compleja, no existe una preocupación real -más allá del reconocimiento formal de esta multiculturalidad- por crear espacios en los que la igualdad sea la bandera que nos una.
Es esa falta de visión amplia y esa entrega a valores esencialmente capitalistas lo que, en el caso concreto y en muchos otros, coarta los derechos fundamentales de estas comunidades históricamente ignoradas, oprimidas y violentadas de múltiples maneras. Urge adoptar una concepción de lo social y de lo jurídico más plural, partiendo de la posibilidad de múltiples identidades y formas de ver la vida, desde “lo otro”.
Basta echar un vistazo a las condiciones actuales y reales de distintos grupos para afirmar que en México, incluso los gobiernos de izquierda violentan a los más vulnerables.
Prueba de lo anterior es la falta de voluntad política del gobierno federal de tomar en cuenta la opinión de los pueblos indígenas respecto de la construcción del Tren Maya, megaproyecto de infraestructura del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretende construir esta vía de comunicación con fin turístico y comercial en cinco entidades federativas del sureste mexicano (Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Campeche y Tabasco), región donde todas sus partes tienen altos índices de población indígena.
No es menor el conflicto político y social que se vive en México desde el inicio de la actual administración, cuando el día 1 de enero del año en curso, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se manifestó en contra de las políticas opresoras del gobierno federal, que hasta la fecha ignora la voz de estas comunidades en la toma de decisiones y en la realización de políticas públicas que pueden afectar los intereses de estas comunidades.
Cabe mencionar que este 8 de Noviembre se lanzó un Pronunciamiento conjunto del CNI-CIG y EZLN sobre las recientes agresiones de los capitalistas, sus gobiernos y sus carteles, en contra de los pueblos originarios de México.
«Estos intentos de homicidio, que permanecen descaradamente impunes, son orquestados para detener la digna e histórica lucha por la tierra, misma que ambicionan quienes se sienten, por ser dueños del dinero, dueños de la región y que han contado siempre con la plena complicidad de instancias de gobierno que buscan hacer negocios millonarios con la tierra comunal, pretendiendo borrar de la historia al pueblo tepecano.»
En el manifiesto salen a relucir además de actos de represión, el asesinato impune y la desaparición de Samir Flores y otros activistas. Y añaden: «los capitalistas, sus cárteles y sus gobiernos, imponen la muerte con grupos armados para despojar a los pueblos indígenas, sean del mal gobierno, grupos de choque o delincuentes. Para nosotros los pueblos es la violencia, el terror y la indignación; para ellos la impunidad y la garantía de que sus crímenes se traducirán en ganancias a costa de pueblos enteros.
El problema no es solo político, es también jurídico. El derecho nacional, concretamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho de los pueblos indígenas de participar políticamente para efectos de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, pero no habla del derecho de consulta previa en la toma de decisiones o en la planeación y ejecución de políticas públicas que puedan afectar los intereses de las comunidades indígenas y, por consiguiente, no existe una ley reglamentaria en la materia, aunque sí existe el reconocimiento de este derecho en instrumentos internacionales, tal como el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre pueblos indígenas y tribales, el cual es conexo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Para ser más preciso, el reconocimiento del derecho de consulta previa a pueblos indígenas lo encontramos en el numeral 1, inciso a), artículo 6 del citado Convenio 169 de la OIT, el cual indica que, al aplicar las disposiciones del convenio, los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
Ahora bien, de acuerdo con el artículo primero constitucional, en relación con el 133, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Ley Fundamental y por los Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, toda vez que estos últimos son considerados como parte integrante de la Ley Suprema de toda la Unión.
No hay un Estado democrático y social de derecho, si las necesidades no se ven atendidas, si las instituciones son usadas por el aparataje político en turno”SAÚL LOERA, ABOGADO
Por lo tanto, el Estado debe cumplir y hacer cumplir todo derecho fundamental reconocido en instrumentos internacionales, lo cual no puede constatarse derivado de las acciones en relación con el megaproyecto de construcción del Tren Maya. No hemos observado intención ni acción encaminada al real cumplimiento de esta imposición a cargo del Estado.
Resulta incongruente, en vista de que el actual gobierno se ha caracterizado popularmente como “de izquierda”. En realidad, es patente que el poder político, como desde hace décadas, más allá de las posturas ideológicas, se impone sobre las comunidades históricamente invisibilizadas, oprimidas e ignoradas. Esta situación legitima la actuación de aquellos grupos políticos que representan formas alternativas de organización política, social y económica, que se manifiestan en contra de las políticas unilaterales, impositivas y opresoras que encuentran sustento en creencias generalizadas y sacralizadas, y en el derecho mismo, que no libera.
Urge adoptar una concepción de lo social y de lo jurídico partiendo de múltiples identidades y formas de ver la vida, desde “lo otro”.SAÚL LOERA, ABOGADO
No podemos hablar de un Estado democrático y social de derecho, si las necesidades de los grupos sociales menos favorecidos no se ven atendida, si los respetos a los derechos fundamentales de las minorías no son observados, si las distintas voces de nuestro país suenan, pero no son escuchadas, si las leyes no incluyen, sino que ignoran, si nuestras instituciones son usadas por el aparataje político en turno, etc.
Urge una visión más amplia de los fenómenos políticos y sociales. Confiamos en que, desde la sociedad civil, al menos el objetivo de lograr igualdad en México -en el nivel político- puede ser alcanzado, aunque es preciso exigir y, previamente, reeducarnos. Solo así el poder político se verá obligado a seguir los valores a los que aspiramos.
Texto: Saúl Loera Alfaro
Arte: Alejandro Medina
Diseño: Edgar de la Garza
Edición: Quetzali García
Vanguardia
