A través de una carta que fue entregada esta mañana por la hija de Rosario Robles Berlanga, Mariana Moguel, más de 500 internas en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla solicitaron la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se respeten sus derechos como mujeres y se exhiba las condiciones de inseguridad y hacinamiento en que viven.
En la misiva dirigida al ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldivar, las firmantes demandan que “se visibilice la enorme desigualdad que vivimos; las mujeres deseamos que se nos voltea a ver, porque somos las más invisibles dentro de las invisibles, aquí lo políticamente correcto no opera, no hay votos, simplemente se nos criminaliza”.
Mediante un video publicado en sus redes sociales, Mariana Moguel Robles, leyó el documento en el que las internas se dirigen a la SCJN a propósito del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. “Lo hacemos porque en ocasiones anteriores es el único que ha respondido a nuestros reclamos de Justicia y porque preside a la institución encargada de vigilar que se respete nuestra Constitución”.
De esta manera, las más de 500 firmantes exponen al ministro Zaldivar “las razones por las que consideramos que se violentan nuestros derechos, sobre todo el de la presunción de inocencia, pero como usted lo ha señalado, se abusa de la prisión preventiva”.
Argumentan que hoy por hoy hay alrededor de 400 mujeres encarceladas en sus celdas todo el día en condiciones de hacinamiento, porque la primera instancia encargada de otorgar justicia, los jueces de control, “no han comprendido lo que es el principio pro persona”.
Y agregan: “Con un estándar muy bajo de presentación de pruebas, muchas veces suposiciones y dichos, otorgan la vinculación a proceso, sobre todo aquí en la Ciudad de México, en la que, para encarcelar, normalmente se adiciona un agravante, lo que impide seguir nuestros procesos en libertad”.
En manuscrito redactado a mano, se puede leer también que las internas confían en que su voz será escuchada por la SCJN. “Si bien sabemos que el fuero común no es de su competencia, sabemos de la sensibilidad de a Corte y su preocupación de que las cárceles están llenas de mujeres inocentes, pobres o que están pagando por su relación con un hombre”.
Expresan también su aliento de que haya más mujeres en la impartición de la justicia general, pero lamentablemente muy pocas veces se juzga con perspectiva de género. “No se atiende al hecho de que muchos somos madres y que el abandono de nuestros hijos a la larga tendrá consecuencias negativas. Ni nuestros defensores ni los jueces conocen el Protocolo de la Corte para juzgar con visión de género y el Ministerio público comúnmente nos criminaliza”, advierten
Expresan también su confianza en la resolución de la Corte de que después de más de 2 años sin sentencia, se revise la prisión preventiva y si realmente esta aplica en los delitos de alto impacto.
Sin embargo, “muchas no contamos con defensores públicos capaces o que nos pueden asesorar adecuadamente por sus cargas de trabajo”.
También expresan su beneplácito de la postura pro derechos humanos que ha tomado la Corte al señalar que la libertad es la regla y la prisión, la excepción. “Sin embargo, no se evalúa exhaustivamente, se procede en otras medidas cautelares menos en esa”.
En el texto se lee que las mujeres acusan que el Ministerio público, “sigue siendo un órgano inquisidor, un lugar de uno técnico jurídico cuyas pruebas deben ser reales… se nos encarcela para investigar, violando así todos nuestros derechos”.
Y agregan: Se dice que nuestro país no hay cadena perpetua, sin embargo, las penas impuestas por delitos de alto impacto, como el secuestro o secuestro exprés son cadenas perpetuas, condenas para toda la vida. En los países más avanzados y con un sistema profesional, las penas son menores y se trabaja para una verdadera reinserción social. Sabemos que es el legislativo al que le corresponde revisar esta situación”, añaden.
Sin embargo, consideran que muchos de estos casos pueden ser revisados con el apoyo de la Defensoría para buscar beneficios. “Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad”.
En el documento las mujeres se refieren al decreto que emitió la Ciudad de México y la Federación para dar la libertad a las personas que tienen tortura comprobada. Por tanto, piden que se revisen todos y cada uno de los expedientes de las mujeres que tienen tortura, pues es el ejercicio de la defensa adecuada.
Finalmente, solicitan la instalación de una mesa de dialogo con representación de cada uno de los dormitorios de este penal de Santa Martha Acatitla, para revisar los casos, en las que participen el Tribunal de la Ciudad de México y concluyen invitando al ministro Zaldivar a “que nos visiten, a que conozca de primera mano las condiciones en las que vivimos y seguramente estará de acuerdo”.
