Los funcionarios mexicanos han estado cumpliendo con las metas migratorias del gobierno estadounidense de Donald Trump en varias partes de la frontera, lo que socava las promesas del gobierno de México de defender a los migrantes y respaldarlos en su búsqueda por una mejor vida.
Las autoridades mexicanas están bloqueando el paso de grupos de migrantes en pueblos fronterizos: no les permiten caminar hacia los puentes de cruce para solicitar asilo en Estados Unidos, han interceptado a los menores de edad no acompañados antes de que lleguen a territorio estadounidense y han asistido en la gestión de listas de solicitantes de asilo por petición de los estadounidenses que quieren limitar la cantidad de personas que cruzan.
El gobierno mexicano, a diferencia de sus prácticas previas para atener a refugiados, también ha permitido que su contraparte estadounidense devuelva a más de 120 mujeres, hombres y niños a Tijuana en lo que esperan la resolución de sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Ese programa de retorno será expandido a otros puntos fronterizos tan pronto como la primera semana de marzo.
Los funcionarios de la administración de Andrés Manuel López Obrador han dicho que esta postura respecto a los migrantes es una decisión estratégica pensada para no hacer enojar a Trump. López Obrador, indican, no cree que Trump vaya a cambiar de parecer, así que ha evitado entablar una pelea pública posiblemente costosa sobre el tema.
López Obrador, por mucho tiempo defensor de las personas en pobreza y desfavorecidas, suele referirse a sus planes para México como la cuarta transformación del país, con lo que equipara sus ambiciones con las de los grandes líderes históricos de la nación.
Ha impulsado sus credenciales de defensor del pueblo con la reducción de salarios del gobierno, al viajar en aviones comerciales y al abrir al público la antigua residencia presidencial de Los Pinos. También ha reducido drásticamente la cantidad de migrantes centroamericanos que son deportados desde México.
Pero no todo ha sido transformado. Solicitantes de asilo que han estado esperando desde hace semanas para cruzar de Nuevo Laredo, México, a Laredo, Texas, acampan cerca del puente de cruce, en enero. Credit Meridith Kohut para The New York Times.
La primera evidencia de ello son los Protocolos de Protección a Migrantes, la medida de Trump para que los solicitantes de asilo se queden del lado mexicano de la frontera en lo que esperan a que se decida su suerte. Los grupos defensores de migrantes han denunciado que eso implica botar a las personas en zonas violentas de México y que contraviene su derecho a tener asesoría legal y respaldo familiar en Estados Unidos.
El gobierno de López Obrador, quien antes de llegar al poder indicó que no iba a cooperar con la agenda antimigratoria de Trump, ha seguido la línea de esa agenda en varios frentes, incluyendo el aceptar a las mujeres y niños devueltos pese a las promesas de que solo acogería a los solicitantes de asilo que fueran varones adultos.
Pero que López Obrador ceda en algunas de las demandas fronterizas de Trump y prácticamente no mencione palabra alguna sobre el presidente estadounidense en sus conferencias de prensa diarias conlleva un costo político bajo en México.
Para muchos mexicanos lo que suceda con los migrantes es una preocupación secundaria a las que tienen a nivel doméstico, como el trabajo, la seguridad y la corrupción. López Obrador mantiene un índice de aprobación del 80 por ciento a pesar de la disposición de su gobierno de aceptar a los migrantes devueltos que tienen procesos de solicitud de asilo.
“Si tenemos que aceptar a un puñado de gente que regresa a México no es realmente un problema para nosotros, ni siquiera en lo político”, comentó una persona que no tenía autorización para discutir deliberaciones internas. “Lo que realmente queremos evitar es una pelea pública con Trump”.
Pero en el esfuerzo por evitar una disputa transfronteriza, los críticos denuncian que el gobierno mexicano ha privilegiado las cuestiones políticas, no las humanitarias.
“México sigue haciendo el papel que Estados Unidos cree que debería desempeñar, que es contener el flujo migratorio y ya”, dijo Melissa Vértiz Hernández, secretaria técnica Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, una red de grupos de la sociedad civil y de defensa de derechos humanos en México.
El puente entre McAllen, Texas, y Reynosa, Tamaulipas, una de las ciudades más peligrosas de México. Credit Meridith Kohut para The New York Times
Encontrar ese delicado punto de equilibrio con Estados Unidos ha dejado al gobierno mexicano sin una política migratoria clara o consistente, de modo que los estados y municipios fronterizos se encuentran en la posición de tener que defenderse solos ante presión de sus contrapartes estadounidenses.
Por ejemplo, en Reynosa, Tamaulipas, prácticamente nadie tiene permitido cruzar el puente para solicitar asilo en McAllen, Texas. Esas personas usualmente son bloqueadas o detenidas por oficiales mexicanos, por lo que los migrantes se ven forzados a probar suerte en otros pueblos.
En Piedras Negras, Coahuila, los funcionarios reunieron a cientos de migrantes que llegaron en caravana en las últimas semanas y los mantuvieron vigilados en un albergue con contacto limitado con otras personas, de acuerdo con activistas. Después del furor público ese albergue fue cerrado y muchas de las personas fueron llevadas a otras ciudades y pueblos en la frontera.
Mientras que el alcalde de Ciudad Juárez ha amenazado con demandar a un gobernador vecino por movilizar a los migrantes a esa ciudad. Se ha vuelto como un juego de pasarse la bola, con los centroamericanos desesperados que huyen de la pobreza y la violencia de por medio.
En otras partes de la frontera trabajadores de los albergues dicen que manejan listas de solicitantes de asilo por nombre, nacionalidad, edad y documentos disponibles para ayudar a los funcionarios mexicanos que cumplen con los mandatos de la Patrulla Fronteriza estadounidense.
El gobierno mexicano se ha resistido a Trump de otras maneras, según la persona que trabaja en el gobierno de López Obrador y pidió mantener el anonimato. Esa persona y otras dos que fueron informadas del plan dijeron que su consentimiento a los Protocolos de Protección a Migrantes de Estados Unidos fue hecho solo de manera estratégica.
Al permitir que el programa iniciara en el cruce de San Diego y Tijuana, de acuerdo con estos funcionarios mexicanos, el desafío legal a las medidas será dirigido a las cortes del distrito federal norte de California, que se consideran liberales. Eso es importante porque los estadounidenses ya buscan cómo derrotar a Trump en las elecciones presidenciales de 2020, en particular para incentivar el voto de latinos y mexicanos-estadounidenses.
Pero muchos activistas no están seguros de que las acciones legales posiblemente en California pongan fin al programa.
“Creo que es una jugada extremadamente riesgosa”, indicó Stephanie Leutert, directora de la Iniciativa en Seguridad de México de la Universidad de Texas, campus Austin. “No creo que debas poner tu política exterior y migratoria en manos de una organización de la sociedad civil de otro país”.
El 14 de febrero, la organización de la sociedad civil a la que se refería Leutert, la Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos activistas presentaron una demanda contra los protocolos migratorios de Trump. Se espera que en los próximos días haya una orden de restricción temporal en lo que se delibera el caso.
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