Más de 30 comunidades de distintas partes de la Península de Yucatán se constituyeron en la Asamblea de Defensores del Territorio Maya y exigieron que la implementación de los megaproyectos en su territorio sea apegada a los derechos de los pueblos originarios, que sean bien informados y cuenten con asesores de su elección, y sean tomadas en cuenta sus propuestas en torno a dichos proyectos para que no se afecten sus formas de vida.
“No buscamos negociar los precios de la tierra, sino el respeto irrestricto de nuestros derechos, ya que la tierra no se vende, ni se renta, porque es nuestra madre; es herencia de nuestros antepasados y el futuro de nuestros hijos”, expresaron de manera categórica líderes ejidatarios, campesinos e interesados en la defensa del territorio de sus pueblos afectados por megaproyectos de “desarrollo”, al conformar la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíimbal.
En el primer encuentro Intercomunitario Indígena en Defensa del Territorio, efectuado el pasado 13 de enero en Mérida, representantes de comunidades mayas de la Península de Yucatán observaron que en menos de cuatro años el territorio maya se ha convertido en un gran punto de atracción para los megaproyectos que generan energía eólica y solar. Asimismo, constataron que existen más de 18 en marcha, y es preocupante porque amenazan zonas sensibles y de alta biodiversidad del territorio yucateco.
Quedó en claro que la Península de Yucatán es muy atractiva para un grupo de empresas pues poseen estudios precisos de esos lugares donde pueden obtener jugosas ganancias al invertir en los proyectos eólicos o solares. Dichas empresas han obtenido la licitación de parte del gobierno mexicano para trabajar en los territorios sin que los dueños de los territorios –ejidatarios o pueblos mayas– conozcan a detalle de sus intenciones.
–Hoy día “esos negocios incurren en innumerables irregularidades observadas durante la adjudicación de proyectos para la explotación de energías renovables, donde no se observó que se realice la consulta previa, libre e informada, ni los estudios de impacto ambiental y social, sino que entran al territorio con acciones “que aparentan beneficiar a las familias, ellos de antemano conocedores de la situación” actual en que viven las familias mayas, en donde no hay trabajo y atraviesan hace más de 30 años en serias crisis económicas y sus hijos emigran en busca del sustento –denunciaron.
–Quienes se quedan a vivir y trabajar en el territorio son la gente mayahablante de más edad y que –aunque aparenten hablar el español– desconocen los términos jurídicos de los documentos que les hacen firmar durante las “asambleas” convocadas por los asesores de las mismas empresas.
Quedó en claro cómo entran al territorio. Primero diagnostican la situación del territorio elegido, luego con regalos y obras sociales doblegan a sus actores locales para que estos terminen apoyándolos para que implementen sus proyectos, y de esa forma, en su gran mayoría inician sin consulta y sin analizar los impactos positivos y negativos al implementarse este tipo de proyectos en estos lugares.
Los territorios donde se implementan este tipo de proyectos ahora quedan bajo seria amenaza porque al derribar la vegetación nativa, los animales silvestres se quedan sin alimentos, cobijo ni reproducción, los cuales terminarán por afectar los otros espacios que se dediquen a las milpas; asimismo, al no haber floración el ramo afectado directamente será la apicultura. Los proyectos también tendrán un impacto negativo en la filtración natural del agua y la recuperación permanente de los suelos agrícolas.
Además, el análisis dejó en claro que para mantener sin vegetación estos espacios habrá que usar herbicidas en vastas extensiones pues, aunque los proyectistas digan que serán los animales de pastoreo los que acaben con la hierba, en el caso de las celdas solares, al estar al nivel del suelo, no será posible porque los rebaños podrían destrozar dichos paneles.
“Nos impactará seriamente el calor, el ruido que generen las veletas de aire, y de la misma forma a los pájaros y a los animales en general, y sin contar los múltiples efectos directos al suelo y a la filtración del agua”, señalaron los participantes.
Romper la cadena biológica devastará el suelo, y los seres vivos que habitan el monte (aves e insectos, polinizadores ambos) serán también afectados. La vivienda, la alimentación y la cultura de los pueblos mayas están estrechamente ligadas al monte, a sus animales, a la milpa, a los lugares sagrados, al territorio, al entorno maya actual y por lo tanto a la existencia de sus pueblos está en peligro.
En el análisis de las autoridades de los ejidos que asistieron quedó en claro la situación en que viven, en donde en estos días “actores externos promueven la división interna” o en su caso, a autoridades agrarias no les entregan sus documentos que acreditan su papel oficial en sus ejidos, denunciaron representantes de las comisarias ejidales de Chocholá y Sinanché.
Ante hechos registrados en Chocholá, Texan Palomeque, Sinaché, incluso en Homún, donde la comunidad ha evidenciado cómo entran los proyectos a sus territorios y sus autoridades locales son hostigados para que “renuncien”, o como en el caso de Sinanché donde hasta la fecha las instancias agrarias no le entregan al comisario su nombramiento, a pesar de que han pasado varios meses en que fue electo por su comunidad.
Denunciaron de igual forma, cómo los visitadores agrarios e instancias de gobierno “legitiman las reuniones que favorezcan los megaproyectos sin que realmente consideren las leyes mexicanas, como es el artículo 1 de la Constitución que se refieres a los derechos humanos, ni de los signados a nivel internacional. Todo esto es una muestra más cómo el gobierno mexicano prioriza la entrega del territorio por encima de los derechos de los pueblos indígenas. Dichas concesiones se realizaron sin el consentimiento de las comunidades mayas que habitan dichos territorios, por lo tanto, y al no haber consulta previa, libre e informada, representa una franca violación al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo 2 de nuestra Carta Magna.
Por otra parte, muchos de estos proyectos que han sido adjudicados a empresas trasnacionales no cuentan con los requisitos marcados por la ley, en algunos casos carecen de documentos, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), permisos para el cambio de uso de suelo, o bien, en violación a las leyes de conservación y los ordenamientos ecológicos territoriales.
Durante el encuentro realizado el sábado 13 pasado, los asistentes, en su mayoría autoridades comunitarias, expresaron su preocupación e indignación debido a las diversas problemáticas a las que se están enfrentando, a raíz de que el gobierno federal otorgó concesiones a empresas trasnacionales como SunPower, Aldesa Energías Renovables de España, la empresa Jinko Solar de China, entre otras. Estas problemáticas van desde el hostigamiento de parte de funcionarios para presionar a la población, generar desinformación entre los ejidatarios, hasta la negativa a reconocer autoridades electas por su misma comunidad, así como la manipulación de los procedimientos, pues en algunos casos orillaron a que las comunidades firmaran los convenios con base en información falsa o incompleta.
Para luchar contra esta situación las comunidades participantes en esta primera reunión decidieron constituirse en el colectivo Múuch’ Xíimbal, que será un espacio de intercambio, análisis y organización, pero sobre todo de creación de estrategias de lucha para la defensa del territorio, porque defender nuestro territorio es defender la vida de los pueblos mayas y nuestra vida, porque el territorio es nuestra casa.
Ya constituidos como Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíimbal, los dirigentes expresaron que no están contra las energías renovables sino contra la forma en que se están implementando: por medio del engaño, la mentira el despojo de su territorio e ignorando las leyes. Ante esto realizarán acciones en conjunto y estarán siempre unidas para la defensa del territorio propio.
