En defensa de su ambigua posición frente al artículo decimotercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que le otorga dos años más en funciones de él como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de los magistrados del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar afirmó que no interfirió en la deliberación parlamentaria y que haberse pronunciado significaría adelantar su criterio sobre la constitucionalidad de una ley. Fue severamente criticado nuevamente.
En su artículo “Ser juez constitucional”, publicado en Milenio, Zaldívar ponderó el valor de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera del Poder Judicial de la Federación, y dedicó otra parte a defenderse de las acusaciones por su falta de postura clara y contundente frente a lo que se ha llamado una medida inconstitucional.
Sobre el artículo transitorio que le beneficia a él y a los miembros del CJF (“cuya constitucionalidad ha sido ampliamente puesta en duda”), afirmó que su inclusión en la minuta senatorial “se desató una ola de pronunciamientos que exigían de mi parte declaraciones condenatorias, deslindes inmediatos y confrontación”. Según él, se le pedía salir a descalificar a los otros poderes.
Sin embargo, considera que “en una democracia constitucional los conflictos entre poderes se dirimen a través de los mecanismos que la propia constitución establece para su defensa”. Pero eso limitaría su capacidad como cabeza del Poder Judicial para que los jueces actúen con libertad, independencia y autonomía.
Ello le impidió “satisfacer la sed de sangre de quienes ven en mí un instrumento de la política partidista”, lo que hubiera provocado daños a la democracia y al Poder Judicial.
Advirtió: “Si mi principal preocupación fuera mi imagen pública y mi popularidad entre académicos y comentócratas, hace mucho que hubiera cedido a esos llamados. Nada hubiera sido tan taquillero como salir a denunciar una ruptura del orden constitucional”. Sin embargo, ello iría contra su deber y responsabilidad.
Añadió: “Seguramente me hubiera ahorrado los insultos y las sentencias irrevocables que me condenaban a la ignominia; quizá me hubiera cubierto de gloria saliendo a emitir condenas anticipadas”.
Sin embargo, hubiese interferido en la deliberación parlamentaria y adelantar su criterio sobre la constitucionalidad de una ley que deberá ser juzgada por la SCJN.
Y concluyó: “Tenemos un tribunal constitucional que hablará a través de un fallo que deberá ser respetado. De eso va la democracia. Y de mantener la imparcialidad para que los controles sean legítimos, de eso va ser juez constitucional”.
Sin embargo, diversos observadores y comentaristas distan mucho de compartir la postura presuntamente ponderada de Zaldívar. En otro artículo muy interesante publicado en El Economista, el jurista César Astudillo consideró que estamos en “un escenario inusual y extraordinario” y llama a la SCJN, especialmente a Zaldívar, a abandonar “el inmovilismo en aras de una defensa activa del orden constitucional”.
Por lo anterior Astudillo convoca a la Corte a no esperar las controversias de los grupos parlamentarios, sino que ella puede activar un mecanismo de defensa: la consulta a trámite, contenida en su Ley Orgánica, y a la que puede llamar su presidente si en esa consulta “se plantea la posible violación del principio de división de poderes y la vulneración de la autonomía del PJF”.
A través de ese mecanismo, consideró Astudillo, Zaldívar y la Corte mandarían varios mensajes: su interés en resolver pronto el asunto, en la defensa de la Constitución y la dignidad judicial frente a los embates presidenciales, así como una defensa de su independencia y su autoridad.
De otra forma, podría entrarse en un periodo de incertidumbre constitucional que podría escalar al exterior y podría llegar hasta la Corte Interamericana, consideró Astudillo.
Antes, el abogado Miguel Sarre había opinado lo siguiente: “Ministro Zaldívar puede anticipar eventual excusa en la decisión de fondo, anunciar consulta a trámite y condenar enérgicamente la intentona de prolongación de mandatos judiciales. Cada minuto sin que ello ocurra pierde legitimidad y arrastra a todo el PJF”.
La profesora Leticia Bonifaz planteó que los propios ministros de la SCJN diera el impulso inicial para dirimir el conflicto normativo por sí mismo porque se trata de un asunto que impacta en al Poder Judicial. También llama al actual como un momento “excepcional e inusitado que implica que quien ve invadida su competencia es el mismo órgano facultado para determinar si existió la invasión”.
También imagina otro escenario: si llega el 1 de enero de 2023, los ministros de la SCJN deberán elegir, según el artículo 97 constitucional, al nuevo presidente de la SCJN. Y pregunta: “¿Alguno de ellos argumentará que prevalece lo dispuesto en una ley inferior? ¿Alguno se atreverá a dejar de lado el principio de Supremacía Constitucional? El Pleno de la Corte es un órgano colegiado y la última palabra no la tiene un ministro sino diez”.
