Por Rafael Hernández Estrada
El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que sesionó del 9 al 12 de marzo de 2023 en Valladolid, Yucatán, emitió un Veredicto Previsorio mediante el cual señaló al Estado mexicano como responsable de violación a los derechos humanos de los habitantes de la península yucateca y los derechos bioculturales del pueblo maya. Dispuso la suspensión inmediata de las obras de construcción de dicho megaproyecto y exigió la desmilitarización inmediata del territorio afectado por el mismo.
Dicho tribunal, que en inglés se denomina International Rights of Nature Tribunal (IRNT), es un organismo no gubernamental creado por ciudadanos para la defensa de los derechos de la naturaleza. Se autodefine como un foro para que personas de todo el mundo hablen en nombre de la naturaleza y protesten por la destrucción de la tierra, además de promover una jurisprudencia modelo para su protección y restauración. Las resoluciones de este Tribunal, si bien no son jurídicamente vinculantes, tienen un gran valor ético y moral.
Para abordar el caso del mal llamado Tren Maya, el tribunal estuvo conformado por los siguientes jueces: Maristella Svampa (de Argentina, quien ocupó el cargo de presidenta), el ex obispo de Oaxaca Raúl Vera (México), el dirigente indígena Yaku Pérez (Ecuador), Francesco Martone (Italia) y el chicano/zapoteca Alberto Saldamando (EUA). Las autoridades mexicanas, quienes fueron convocadas, se negaron a comparecer ante el tribunal. Los jueces recorrieron parajes de destrucción de la selva y de los acuíferos subterráneos, conocieron estudios científicos de la devastación de los ecosistemas y escucharon testimonios de representantes de las comunidades mayas.
De acuerdo con la nota de Daliri Oropeza, publicada en Pie de Página, comparecieron habitantes de 23 comunidades. De Yucatán: Pisté, Tizimin, Sanahcat, Ticul, Izamal, Valladolid, Cantamayec. De Quintana Roo: Tihosuco, Bacalar, Nuevo Jerusalem. De Campeche: Escárcega, Ich Ek, Hopelchen, Isla Arena, Xpujil, Calakmul, Xcalot Akal, Xkix, Chencoh, Suc-Tuc, Komchen. De Chiapas: Salto del Agua y Palenque.
Según el video que reproduce la sesión del 12 de marzo (está posteado en youtube), también participaron organizaciones y colectivos como el Centro Comunitario Maya U Kúuchil K y Ch’i’ibalo’on de Felipe Carrillo Puerto; el Consejo Regional y Popular Indígena de Xpujil, Calakmul; el Consejo Indígena de José María Morelos U Yo’ol Lu’um y la Asamblea de Defensores del Territorio Múuch Xiinbal, de Yucatán.
El Tribunal internacional concluyó que la obra faraónica de López Obrador viola el principio 10 de la Declaración de Río Sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 y detectaron la violación al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la consulta informada a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados.
En su Veredicto Previsorio, el IRNT aprobó los siguientes resolutivos:
1. El Estado mexicano es responsable de violación de derechos humanos y bioculturales del pueblo maya. El megaproyecto, además de ser ecocida, “abre la puerta al etnocidio”.
2. Hay evidencias de violación de las herramientas de protección social y ambiental, “Por lo que declaramos la suspensión de las obras del megaproyecto y exigimos una auditoría independiente” e internacional.
3. “Exigimos la reparación y restauración de aquellos ecosistemas dañados” y que “se detenga el proceso de despojo de la tierra ejidataria”.
4. “Exigimos la desmilitarización inmediata del territorio” maya y “alertamos a los organismos de protección de los derechos humanos”.
5. Finalmente, el Tribunal Internacional demandó al Ejecutivo y al Congreso mexicano el establecimiento del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho.
Cincelada: No persigue el lavado de dinero ni el saqueo que sus correligionarios hicieron en Segalmex. El titular de la UIF, Pablo Gómez, se dedica de tiempo completo a la grilla barata.
