jueves, febrero 29, 2024

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El insustituible INAI

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es una creación de la Constitución, dándole nombre y apellidos la ley que lo regula. Y de ahí, partiendo de su fuente de emanación constitucional, se le ha dado el carácter de órgano constitucional autónomo (artículo 6º, fracción VIII). Forma parte de ese llamado “cuarto poder” que con el tiempo se ha venido constituyendo con instituciones públicas ajenas a los poderes tradicionales, con funciones que antes estaban concentradas o en manos de estos últimos, principalmente en el Poder Ejecutivo, contribuyendo de esta forma a mantener un sano y mejor equilibrio en la detentación y ejercicio del poder.

Este atemperamiento del poder es lo que a veces en algunos gobernantes genera incomodidad y molestia, al grado de verse, a los que más les incomodan, en la tentación de mover los resortes ante el Poder Constituyente Permanente para reformar la Constitución a fin de desaparecerlos.

Vale mencionar de una vez que esta institución ha sido tan importante en la progresividad de la democracia, que ya ha adquirido carta de naturalización en ella y que, si bien es cierto que se instituyó por primera vez en el terreno federal, se replicó rápidamente y hoy permea en todas las entidades federativas como parte de la estructura pública, a través de la cual se da y transparenta la información ante la sociedad organizada y los ciudadanos en lo particular.

En efecto, la Constitución General de la República parió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, más conocido por sus siglas de INAI. En su alumbramiento lo cobijó con el manto acogedor de “…organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna …”.

Le encargó la misión y la responsabilidad “… de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados …” por la ley. Y para cumplir con esta tarea, le impuso el deber de conducirse invariablemente en el ejercicio de sus funciones, mediante “… principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad”. La creación de esta institución fue en respuesta a las exigencias de la sociedad encarrilada en la carretera de la democracia. No ha sido por la gracia de los gobiernos, sino por el empuje de la sociedad para bien de la democracia y de su saludable desarrollo en el marco de una vida pública transparente que rinde cuentas correctas.

Su presidenta ha expresado que “la función indelegable del INAI, en la garantía del ejercicio pleno del derecho a saber, ha permitido que la sociedad pueda obtener importantes beneficios que han mejorado sus condiciones de vida”

También Pedro Salazar Ugarte, quien fuera director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha señalado que “es el garante de proteger los derechos fundamentales: la protección de datos personales ante grandes consorcios comerciales y el propio gobierno; y el derecho de cada ciudadano a saber en que se invierten sus impuestos entre otros temas”.[1]

Sin embargo, no obstante el papel esencial que juega en el andamiaje de la democracia y el destacable trabajo que ha realizado cumpliendo con su función, en lugar de que fuera ensalzada y aplaudible su existencia como significativo eslabón de la democracia, hoy, en el nuevo juego del ajedrez político por el intento de la reconcentración del poder, se quieren recuperar espacios que fueron perdiendo en partidas anteriores, por lo que se pretende quitarlo de en medio y eliminarlo, o por lo menos inmovilizarlo al dejar de nombrar a algunos comisionados para que funcione debidamente. Sería un grave y reprobable error político, y un peligroso descalabro para la democracia.

A veces, queriendo justificar su extinción, se ha dicho que no es necesario tener un órgano como el INAI porque el gobierno informa. Ciertamente el gobierno informa, pero son dos asuntos distintos: una es la obligación constitucional del gobierno de informar anualmente a la nación el estado en que se encuentra la administración pública del país, a través de la figura político constitucional del Congreso de la Unión; en primera instancia por parte del presidente de la República y, enseguida, conforme al calendario que formula el propio Poder Legislativo en cada una de sus cámaras, por las dependencias y entidades que forman parte de la administración pública federal, sobre el estado en que se encuentra su respectivo ramo. Y otra forma en que lo hace, aunque informal, es mediante las declaraciones de prensa que realizan los presidentes y otros servidores públicos, al margen de la frecuencia y formato con la que lo hagan.

Pero estas formas de hacerlo no siempre reflejan lo que puntualmente quiere saber la gente, pues responden a otra dinámica. En el caso de la última, responden a preguntas de medios de comunicación, algunas incluso a modo, por lo que el gobernante informa o comenta lo que desea. Insisto, el que pregunta no es el pueblo. No es la gente la que pregunta lo que realmente quiere saber. Son representantes de medios de comunicación, y algunos de los que están presentes, a veces preguntan con determinados propósitos, pero no son los ciudadanos. Si bien es cierto que sus preguntas pueden llevar elementos que interesan e importan a la sociedad, no necesariamente siempre reflejan y tienen el sentir de la gente de a pie, de lo que en lo individual quiere saber de manera específica, para lo que sí se vale del INAI, a fin de obtener la información que le interesa.

Otra muy distinta es la obligación de responder en tiempo y forma a las peticiones de información de los ciudadanos en el ejercicio de su derecho humano garantizado por la normativa y los organismos internacionales, pero también constitucionales y legales, a la información suficiente, oportuna, objetiva, clara y precisa. Y para que se cumpla con estas características, solo cuenta con el INAI en el esqueleto institucional, en la búsqueda de la información con verdad. Es mejor contar con un órgano colegiado que la procure y la haga fluir a la sociedad civil, que tener una sola voluntad y voz que considere que solo ella la puede dar.

Así como el gobierno tiene sus visiones, sus datos e información y su forma de presentarla o decirla, también otras organizaciones y actores políticos, económicos, sociales y culturales, pueden tener su propia percepción de las cosas, por lo que tienen todo el legítimo y jurídico derecho a obtenerla como contribuyentes que son, y el gobierno está obligado a proporcionarla porque es el que gasta los recursos económicos que el pueblo da para el gasto público. En otras palabras, por ser el dueño del dinero; y el gobierno, como administrador de éste, debe proveerla cuando se la pide, y no solo en la forma y tiempo en que quiere entregarla.

Vale apuntar que en esta dinámica del jaloneo por la información, considero que en el fondo no es presupuestaria aun en tiempos de austeridad como se ha querido vender y justificar, sino más bien es política, pues el dinero que se destina para la institución garante de la información a los ciudadanos, prácticamente no pinta ni impacta en el gasto público general, como sí impactaría severamente en el retroceso de la permanente circulación y claridad de la información a la sociedad para transparentar al gobierno. Cabe expresar, que, además, no es una dádiva graciosa, sino una obligación constitucional y legal del gobierno darla de manera suficiente y objetiva, y un derecho de los ciudadanos a recibirla para saber en qué se invierten sus contribuciones; es decir, cómo, cuánto, cuándo, en dónde, con quién y el estado en que se encuentran las cosas públicas.

Como la información es poder, realmente es un jaloneo por ésta entre dos polos: el del poder en sí por querer ser el único en poseerla, y el de la progresividad de la democracia, arrancándola del poder para transmitirla al ciudadano, con miras a alcanzar mejores estadios de vida.

Vamos a decirlo con otras palabras, aunque parezcan más crudas. Por un lado, el Poder Ejecutivo al querer reasumir, monopolizar y encadenar la información como antaño, sin dejar que la información viaje con el mayor grado de transparencia a la sociedad, pues el poder sabe que al contar con ésta la sociedad, se empodera y se vuelve más crítica, exigente y cuestionante; mientras que la sociedad, a través del citado órgano autónomo, defiende las conquistas democráticas que legitima y jurídicamente se han alcanzado.

Por eso en su lucha por la democracia, también va implícita su lucha por la plena vigencia del órgano independiente del gobierno garante de la rendición de cuentas transparente, para que la información transite a los ciudadanos. La sociedad no quiere perder su derecho humano, constitucional y legal a saber; esto es, a la información veraz.

Sabe que hacerlo se estaría apostando a la obscuridad y no a la luz, para que no se conozcan bien los actos de gobierno. Es más saludable para el gobierno facilitarlos y transparentarlos porque eso habla bien, que dejar dudas y especulaciones por una insana opacidad.

Pedro Salazar Ugarte. La Silla Rota.

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