El tema es tan relevante que la discusión no terminará con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por el Congreso y, en sentido contrario, continuará con la intervención de la SCJN vía la interposición de juicios, varios, referidos al carácter de inconstitucionalidad que contiene la referida ley.
Por ahora, permítanme, estimados lectores, subrayar el carácter coyuntural que contiene esta ley y, con ello, los propósitos político-electorales que le ha sobrepuesto el gobierno de Peña Nieto.
El Presidente y los principales dirigentes del PRI, incluido José Antonio Meade, conocen de sobremanera la ineficacia de las policías civiles para contener a la delincuencia; reconocen —en deliberaciones reservadas al círculo más estrecho— que la multimencionada ley es inconstitucional; y saben, además, que su aplicación tiene, per se, el enorme riesgo de acrecentar la presencia activa, intensa y poderosa de los militares en ámbitos que sólo corresponden a las autoridades civiles. Pero lo importante es que, sabiendo todo lo anterior, la imponen debido a sus enormes réditos electorales.
¿Réditos electorales en la militarización del país?
Sí, eso es lo que buscan los hombres del régimen porque comprenden que la gente puede —más frecuentemente de lo que se supone— menospreciar la libertad, la democracia, la prosperidad colectiva y social, en aras de asegurar intereses particulares e individuales como lo son los de la seguridad personal familiar. Eso pasó en el ascenso al poder de los partidos fascistas en Alemania e Italia, y lo mismo sucedió cuando sectores importantes de la sociedad justificaron a los regímenes militares dictatoriales en una buena parte de América Latina.
Pero, con respecto a lo anterior, la situación en 2018 no será muy diferente a las circunstancias que propiciaron que en las elecciones de EU, Inglaterra, Francia, Alemania, Austria, Argentina y Honduras, los votantes —según el Latinobarómetro— “toman cada día menos en cuenta el mundo que les rodea y basan su comportamiento electoral en su entorno inmediato, en el que viven sus experiencias a diario, en su colonia, casa. Los votantes van delante, la élite y los científicos sociales, los opinadores, los analistas, van detrás de los acontecimientos sin poder anticipar lo que viene”. Según el mismo Latinobarómetro, que mide permanentemente el ánimo social y político de la región, México es el país donde la democracia ha perdido mayor aprecio entre los votantes. En sentido diferente, en nuestro país, la institución que más ha crecido en el reconocimiento ciudadano es, precisamente, el Ejército.
El hecho de que la violencia en las calles sea el elemento que más impacta en la vida de las personas, influye en ese reconocimiento al Ejército y en su menosprecio a la democracia y a la libertad que ésta contiene de manera implícita.
¿Cómo es posible que el nazismo se pudiera calificar de movimiento alemán de la libertad? Se preguntaba Thomas Mann. ¡Ello fue posible por una horrorosa tergiversación del concepto de libertad!
Guardando toda proporción, podemos preguntarnos: ¿cómo es que, debilitando la democracia, disminuyendo las libertades civiles y los derechos humanos, se puede alcanzar la seguridad y el bienestar de la gente?
¡Sólo con una majadera tergiversación del concepto de seguridad pública, y sólo desde la terrible insensatez de privilegiar al régimen por sobre el país y la gente!
Esto es lo que el gobierno toma en cuenta para imponer la Ley de Seguridad Interior, es decir, el rédito electoral para el próximo año, aunque ello signifique la posibilidad de un retroceso de 40 años en el desarrollo de las libertades y la democracia.
Jesus Ortega
