Autor: Jorge Triana
El estado de Guerrero enfrenta una crisis profunda debido a la influencia y el control del crimen organizado en la entidad, lo cual ha generado violencia extrema, además de la ausencia de autoridad y estado de derecho.
No es casualidad la filtración de fotografías y videos en los que la alcaldesa morenista de Chilpancingo aparece departiendo con hombres armados, entre ellos, Celso Ortega Jiménez, líder del grupo criminal ‘los ardillos’.
Es claro que el crimen organizado ha infiltrado y sometido a buena parte de las autoridades en Guerrero, incluso, los delincuentes exigen al gobierno municipal que cumpla con ‘acuerdos’ que (según ellos) previamente tenían establecidos con ellos.
Los grupos del crimen organizado usan bases sociales para confrontar a la autoridad y presionarlos para garantizar impunidad. Prueba de ello fueron las movilización de esta semana en Chilpancingo, donde pobladores de varios municipios del centro de Guerrero, instigados por ‘Los ardillos’, reclamaron la liberación de dos de los líderes del grupo delincuencial que han sido detenidos por narcotráfico y posesión ilegal de armas.
En medio de esta violenta protesta, los criminales tomaron como rehenes a funcionarios públicos, a policías y a personal de la Guardia Nacional, además de robar un camión blindado de la policía.
El bloqueo de dos días a las vías de comunicación, no sólo afectó a los habitantes de Chilpancingo, también a los de Acapulco y varios municipios cercanos. Se suspendieron actividades gubernamentales y clases en la zona. Los comercios cerraron y muchísimas personas perdieron sus ingresos.
El control de crisis del gobierno estatal, refuerza la idea de que en Guerrero, simplemente no hay autoridad constitucional. La gobernadora Evelyn Salgado, afirma que la liberación de los secuestrados y de las carreteras, se logró después de que los ‘manifestantes’ firmaron un acuerdo para la construcción de ‘obras sociales’. De la liberación de miembros de ‘los ardillos’ que se encuentran presos, no dice nada, pero es público que esa era una exigencia irreductible de los delincuentes.
Es impermisible que la autoridad acuerde con quienes los extorsionaron violentamente bloqueando vías de comunicación y secuestrando funcionarios. Ceder ante un extorsionador violento, es crear incentivos para más movilizaciones como las que atestiguamos estos días.
En Guerrero prevalece la violencia desenfrenada que amenaza la vida y la seguridad de los ciudadanos. Los altos índices de homicidios, secuestros y extorsiones, son un reflejo de la falta de control del Estado en la región. Ante esta realidad, es evidente que las estrategias convencionales no han sido suficientes para restaurar el orden y garantizar la seguridad de la población.
Ante la pasividad del gobierno federal, resulta urgente e imperativo que se actúe de manera contundente y se considere seriamente la aplicación del ‘proceso de declaración de desaparición de poderes’ en el estado.
La desaparición de poderes es una medida constitucional extrema, pero en casos excepcionales como el de Guerrero, puede ser una opción necesaria para restablecer el orden constitucional.
La desaparición de poderes, es una facultad exclusiva del Senado que le permite declarar que han desaparecido los poderes constitucionales en un estado de la República, y así exigir la intervención federal para que destituya y reemplace autoridades, asumiendo temporalmente la responsabilidad de garantizar la seguridad y la gobernabilidad, y así se restablezca el orden legal.
La desaparición de poderes en Guerrero no sería una solución definitiva por sí misma. Es crucial que el gobierno federal, una vez asumiendo temporalmente las responsabilidades, implemente un plan integral de seguridad y reconstrucción institucional. Esto implica fortalecer las fuerzas de seguridad, combatir la corrupción, impulsar el desarrollo económico y social, y promover la participación ciudadana en la toma de decisiones. Solo así se podrá sentar las bases para una recuperación sostenible y duradera.
Resulta paradójico, que con un estado donde gobierna la misma expresión política del presidente que asegura que está ‘atacando las causas de la violencia’ para eventualmente erradicarla, se tenga que considerar esta medida extrema.
Definitivamente, no se han implantado programas efectivos que permitan erosionar las bases de apoyo de los grupos criminales. Prueba irrefutable del rotundo fracaso de la estrategia de «abrazos, no balazos» de López Obrador.
