Con el fin de que el Estado cumpla con su obligación de hacer que las leyes mexicanas sean conocidas por todos, sin importar su condición, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) presentó, en su versión “lectura fácil”, la Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, que fue redactada en un lenguaje sencillo.
Alexandra Haas Paciuc, presidenta del Conapred, destacó que esta publicación es un primer esfuerzo para hacer accesible la información, pero “todo el cuerpo jurídico” requiere ser asequible, “para que todas las personas que habitan en este territorio puedan conocer sus derechos y también saber qué les obliga la ley como ciudadanas y ciudadanos”.
En la presentación, Paloma Quijano, representante de Lectura Fácil México, explicó que en un principio esta iniciativa estuvo dirigida hacia personas con discapacidad intelectual “y otras que alteran la comprensión y seguimiento de ideas; sin embargo, en un país como México en el que de acuerdo con el Inegi, en 2018, alrededor de 10 millones de personas mayores de 18 años tienen dificultades para leer”, también beneficia a este grupo y a todos aquellos que desconocen de tecnicismos y conceptos jurídicos.
Recordó que el país firmó el Tratado de Marrakech el cual le obliga a generar materiales accesibles en formatos como el braille y la lectura fácil.
Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis 2017) revelan que nueve de cada diez personas con discapacidad se enfrentaron con al menos una barrera de acceso al buscar información sobre algún trámite, servicio o programa de gobierno.
En el evento, la titular del Conapred celebró que por primera vez se incluyera en el Plan Nacional de Desarrollo un eje transversal de igualdad y no discriminación, lo que “va a irradiar en las políticas públicas sectoriales”.
A la presentación de la Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación en su versión de lectura fácil, también asistieron Landeros García, representante de la Secretaría de Bienestar; Zulema Mosri Gutiérrez, Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y la legisladora Lorena Villavicencio Ayala, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. La Jornada
