La razón por la cual muchos casos de violencia digital no obtienen justicia está en las y los juzgadores, y no en deficiencias en la ley olimpia, normatividad vigente en las entidades del país y/o en la penalización hasta de ocho años de cárcel, aseguró Fernanda Medellín, del Movimiento Ley Olimpia contra la Violencia Digital.
La defensora detalló que un ejemplo es el caso de Diego N, ex estudiante del Instituto Politécnico Nacional que alteró miles de fotografías de sus compañeras con inteligencia artificial y luego las comercializó. En las audiciencias de los primeros casos que fueron a juicio en diciembre pasado, el joven fue absuelto.
Medellín criticó que se continué pensando que lo virtual no es real. “Si seguimos teniendo funcionarios públicos que minimizan las violencias contra las mujeres, que no ejercen sus funciones con perspectiva de género, van a seguirse dando estos casos. En los tipos penales de ley olimpia está el tema de la alteración de los conte-nidos, pero el juez del caso determinó absolverlo por falta de pruebas”.
De acuerdo con ONU Mujeres casi cuatro de cada 10 féminas han sido agredidas en el ámbito digital, y en 2023 en México más de 10 millones de ellas sufrieron este tipo de violencia.
En vísperas del 8M, Medellín precisó que “no es culpa de la ley olimpia, sino de los jueces que todavía no están preparados para juzgar con una perspectiva de género” y añadió que más que haber lagunas en la normativa el tema está en los huecos en la capacitación de nuestros agentes del Ministerio Públicos, de las fiscalías, pero, sobre todo, en los jueces y las juezas.
Entonces, si seguimos juzgando, si seguimos viendo todo desde el punto de vista neoliberal, la explotación de los cuerpos y la conveniencia de unos cuantos, pues esto va a seguir sucediendo, y lo que menos vamos a obtener es justicia para las mujeres pese a que ya hay un marco regulatorio que las protege.
Además, insistió, debe existir la corresponsabilidad de las empresas tecnológicas que viralizan contenidos. ¿De qué sirve que tengamos marcos legislativos en México, Argentina, Panamá, Colombia, Ecuador, si a nivel internacional no se obliga a las empresas a respetarlos?, preguntó Medellín, corganizadora de la Primera Cumbre Latinoamericana de Defensoras Digitales, realizada hace una semana en la Ciudad de México.
A través de un video, María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres, precisó que “las plataformas digitales donde se transmite esta violencia deben actuar con responsabilidad y buscar soluciones; tenemos que hablar también del big data y de la inteligencia artificial, porque se reproducen patrones que son violentos y discriminadores”.
Recordó que en la cumbre, a la cual asistió, las defensoras digitales firmaron un memorando de entendimiento con ONU Mujeres para fortalecer la incidencia en torno a la violencia digital en América Latina y adelantó que el organismo de Naciones Unidas elaborará documentos de investigación sobre el tema.
Carolina Gomez Mena La Jornada
